Madrid, 11 feb (EFE).- La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia aprobada por el Gobierno en primera vuelta regula como infracción grave, con multas de 600.000 a un millón de euros, la exposición pública de una persona en atención a su discapacidad, ya sea en un espectáculo, en una feria, en un local abierto al público o en redes sociales.
Se trata de casos que no constituyen infracción penal y para los que se quiere regular la sanción de multa, como el espectáculo 'Popeye torero' que el Ayuntamiento de Teruel permitió el pasado año pese a que la ley ya prohibía esas actividades que atentan contra la dignidad de personas con discapacidad.
Según el anteproyecto, para el procedimiento sancionador en materia de discapacidad se fija un plazo máximo de seis meses.
Las multas se destinarán a programas de promoción de la accesibilidad universal. EFE
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