El Supremo estudia este miércoles el recurso de Louzán contra su inhabilitación

Madrid, 4 feb (EFE).- El Tribunal Supremo celebra este miércoles la vista del recurso del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, contra la condena de siete años de inhabilitación para empleo o cargo público en administraciones públicas por un delito de prevaricación durante su etapa como presidente de la Diputación de Pontevedra en 2013.

La Sala Segunda de lo Penal del tribunal estudiará el recurso de casación que Louzán interpuso contra la sentencia de mayo de 2022 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que ratificó parte de la condena que un año antes dictó el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra.

Este juzgado condenó a Louzán, entre otras personas, en febrero de 2021 a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público relacionado con administraciones públicas, por los delitos de fraude y prevaricación, tras considerar probado que cometió irregularidades al otorgar 86.311 euros a una constructora por un sobrecoste en las obras del campo de fútbol de Moraña.

La Diputación firmó con el Concello de Moraña en diciembre de 2011 un convenio para las obras por importe de 999.561,23 euros, a través de una subvención discrecional de su presidente, y dos años después la empresa adjudicataria, que había realizado obras no contempladas en el proyecto, presentó una certificación aumentando algunas partidas por el importe de 86.816,47.

Al ser unas obras realizadas con subvención, la legislación impedía exceder el importe subvencionado y, según la sentencia, "se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendiente a abonar a la empresa el importe que reclamaba".

Tras la primera sentencia condenatoria Louzán acudió a la Audiencia provincial de Pontevedra, que estimó parte de su recurso. Redujo la inhabilitación de ocho a siete años y aunque mantuvo la condena por prevaricación excluyó el delito de fraude por no considerarlo acreditado.

La Audiencia aceptó algunos argumentos de la defensa, entre ellos el hecho de que "no ha existido perjuicio ni riesgo de perjuicio para la Administración Pública y tampoco se ha acreditado en los acusados el dolo o intención de perjudicar a patrimonio de la Administración".

No obstante, para la Audiencia sí hubo prevaricación, ya que los acusados, "cada uno en su condición, se pusieron de acuerdo en crear y desarrollar un procedimiento administrativo ficticio" para que la Diputación Provincial abonara a la empresa unas cantidades que reclamaba "por obras realizadas al margen del proyecto de una obra subvencionada por dicho organismo".

Por ese procedimiento la Diputación Provincial concedió "una nueva subvención ad hoc justificada en un supuesto proyecto de mejoras, cuya adjudicación mediante un simulado negociado sin publicidad, estaba decidida de antemano a favor de aquella empresa y comprendía obras ya realizadas así como otras nuevas", según la sentencia.

La Audiencia afirmó que Louzán era conocedor de que se iba a conceder una subvención en un procedimiento simulado para sortear las limitaciones de la norma de aplicación y abonar los excesos de obra realizados al margen del proyecto inicialmente subvencionado, "cuya adjudicación estaba decidida de antemano con vulneración del principio de concurrencia y sorteando las barreras legales establecidas para proteger los intereses de la Administración".

Rafael Louzán (Ribadumia/Pontevedra, 1967) preside la RFEF desde el pasado 16 de diciembre, cuando ganó las elecciones con 90 votos frente a los 43 del presidente de la Federación Valenciana, Salvador Gomar, en unas elecciones a las que no pudo concurrir el anterior dirigente federativo, Pedro Rocha, por estar inhabilitado.

El directivo gallego fue el elegido por Rocha para sucederle, ante la inhabilitación que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por haberse extralimitado en sus funciones como presidente de la Comisión Gestora, órgano que comandó desde que Luis Rubiales dejó el cargo sancionado por la FIFA por su comportamiento en la final del Mundial femenino de 2023 y el juicio del que es objeto en la Audiencia Nacional por agresión sexual y coacciones a la internacional Jenni Hermoso.

Louzán, que presidió la Diputación de Pontevedra durante su etapa en el PP -formación de la que pidió la baja en 2016-, ha mantenido estos meses que tiene "fe ciega" en la justicia para ver estimado el recurso contra su condena.

"Todos tenemos muy fresco en la memoria lo que ha pasado con los anteriores presidentes de la federación. Es lo que votaron y eligieron los asambleístas. Nosotros vamos a esperar a esa vista oral que se va a celebrar el 5 de febrero y, si se ratifica esa condena de siete años por prevaricación, nosotros actuaremos con arreglo a la Ley del Deporte y habrá que volver a convocar elecciones a la federación", dijo hace días la ministra portavoz y titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría. EFE