El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado nacional por Córdoba, Enrique Santiago, ha destacado este lunes que el primer punto en el calendario político de su formación para este nuevo año pasa por hacer realidad la reducción de la jornada laboral, que es "uno de los acuerdos del Gobierno de coalición y es un avance que afecta a todos los trabajadores de este país", por lo que ha dicho esperar "que el PSOE deje de poner trabas al cumplimiento de este acuerdo".
En este sentido y en rueda de prensa junto al coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, y la secretaria provincial, Carmen María Ruiz, el también portavoz de IU en el Congreso ha manifestado su deseo de que "se vaya cumpliendo y poniendo en marcha el calendario que ya se ha pactado, gracias a las exigencias de Izquierda Unida y de todo el Grupo Parlamentario, de todo el espacio político de Sumar".
Ahora, según ha explicado, "tiene que ir a la Comisión General de Asuntos Económicos, en breve, este proyecto legal de una norma para la reducción de la jornada laboral", y "va a ser la primera reducción de jornada que se acuerde desde la Segunda República".
De hecho, según ha recordado Santiago, "el calendario de la jornada laboral de 40 horas quedó aprobado en la Segunda República y desde entonces no hemos conseguido una norma que reduzca, en términos generales, esa jornada de 40 horas, y esperamos que ahora se pueda tramitar en el Congreso de los Diputados por vía de urgencia, y eso es lo que estamos negociando en este momento".
Al margen de ello, en Sumar mantienen su "compromiso de impulsar una subida de los salarios" en España, "empezando por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que esperamos poner como mínimo en los 1.180 euros, un 4% más, por encima de la inflación, para mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras", siendo la nueva subida del SMI "el primer paso para luego conseguir las subidas salariales en los convenios colectivos y, ojalá, para conseguir también, en coordinación con las organizaciones sindicales y en cada uno de los sectores, incrementos más importantes".
Junto a ello, Santiago ha avanzado que "va a ser el año de la lucha y el trabajo político-institucional a favor del derecho a la vivienda", que "es el gran problema en nuestro país", porque ahora se sufren, "40 años después, las consecuencias de haber desregulado el mercado de la vivienda y haber permitido que se convirtiera, no en un bien de primera necesidad, sino en un elemento de especulación económica".
De esta forma, "todos los esfuerzos que hemos hecho desde que llegamos al Gobierno, hace ya cuatro años, de subida de los salarios de todos los trabajadores, de reducción de la precariedad laboral, de transferencias económicas a las familias a través de las políticas de cuidados y de apoyo social; todo eso se nos va quedando en muy poco debido al voraz incremento del precio de la vivienda".
Por eso, Santiago ha defendido la puesta en marcha de "un parque público de vivienda preservado, es decir que no pueda pasar a manos privadas" y, además, "intervenir los precios de la vivienda para que estén acordes a los ingresos de las familias en nuestro país, y también vamos a poner en marcha el desarrollo de la Ley de Familias, concretado en algo tan importante como la prestación universal por crianza o los permisos retribuidos de hasta 20 semanas por nacimiento de hijos, algo que va a impulsar el Ministerio de Derechos Sociales".
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Todas estas políticas, "de apoyos a las familias y a los trabajadores, también tienen que ir acompañadas de una recuperación de las libertades públicas, respecto a las muchas amenazas a la libertad", razón por la que en Sumar han sido "críticos con la propuesta lanzada por el PSOE de "esa ley de derogación de los delitos de libertad de expresión", pero "solo en lo que afecta los delitos de sentimientos religiosos".
Por ello, Sumar registró "una proposición de Ley, que está ya admitida a trámite en el Congreso, pero está paralizado el trámite de aprobación y que tiene que ser impulsado", con la que pedía "la derogación de todos los delitos del Código Penal, introducidos en sucesivas reformas por el Gobierno del PP en el año 2015, que limitan la libertad de expresión, y se lo hemos dicho claro al PSOE, no pueden derogarse simplemente los delitos que afectan a los denominados sentimientos religiosos".
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