(Actualiza la NA5096 con declaraciones de la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales del PP Ana Alós)
Madrid, 17 ene (EFE).- El PP ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley para revertir las "nefastas consecuencias" que tendrá la ley de eficiencia del servicio público de la Justicia para las mujeres víctimas de violencia de género, ante un posible colapso de los juzgados.
Según detalla el PP en su iniciativa, en la nueva ley recientemente aprobada se establece que los Juzgados de Violencia de Género asuman todas las formas de violencia contra la mujer, -incluidas la trata, la mutilación femenina, los delitos contra la libertad sexual, el matrimonio forzoso o el impago de pensiones-.
Todo esto, denuncian fuentes del PP, sin que se hayan incrementado los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar esta carga adicional.
"Esta situación supondrá un colapso de los juzgados y una pérdida de derechos de las víctimas de violencia de género, lo que puede desincentivar la interposición de denuncias", advierte el PP.
Según argumenta en su iniciativa, los juzgados de violencia contra la mujer se enfrentan a un incremento de la carga de trabajo, especialmente tras la aplicación de la ley del solo sí es sí, debido a la ampliación del concepto de violencia machista.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hay 121 Juzgados de Violencia contra la Mujer y sólo el 64,3 % de las víctimas tiene acceso a la justicia especializada.
"Si todas las violencias contra las mujeres circunscriben su conocimiento a los juzgados especializados de violencia de género, retrasará las sentencias y desprotegerá a unas víctimas, especialmente vulnerables, cuyo calvario judicial puede desembocar en una disminución de las denuncias y la consiguiente impunidad de sus agresores", alerta.
Con la nueva ley, estos juzgados se tendrán que hacer cargo de asuntos "de extraordinaria complejidad" como los relacionados con la trata o los casos de violencia sexual que requieren diligencias de investigación complejas.
En declaraciones a EFE, la diputada y vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales del PP, Ana Alós, ha explicado que un solo caso de trata, por su complejidad, puede paralizar la actividad normal del juzgado durante semanas e incluso meses, afectando gravemente a la tramitación del resto de causas.
"Con esta ampliación de competencias, sin haberse efectuado previamente el incremento necesario tanto de juzgados de violencia contra la mujer como de aumento de recursos humanos como materiales supone que estos juzgados en solo nueve meses entrarían en una situación de colapso y bloqueo absoluto", ha advertido.
Por ello, el PP considera que es necesario establecer la especialización de los profesionales en estos tipos penales, de la misma manera que se hace con la especialización en violencia de género.
El texto que ha registrado el partido de Alberto Núñez Feijóo modifica la ley del Poder Judicial y saca de las Secciones de Violencia sobre la Mujer los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.
En cuanto a los concursos para provisión de plazas en las secciones de Violencia sobre la Mujer y de lo Penal especializados en Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia, da prioridad a quienes tengan experiencia previa en estos asuntos.
La proposición de ley contiene una disposición adicional que da un plazo de tres meses al Gobierno para incrementar el número de secciones de violencia sobre la mujer, tanto de los nuevos Tribunales de Instancia, como de las Audiencias Provinciales o para reforzar las ya existentes con más medios materiales y humanos.
También pide destinar "los recursos económicos suficientes" y contempla un aumento de convocatorias y plazas de jueces y magistrados especialistas en esta materia.
Urge al CGPJ a desarrollar en ese mismo plazo de tiempo la normativa de las pruebas de especialización para la provisión de plazas y le insta a convocar un curso especializado sobre las distintas formas de violencia sobre la mujer.
Al Ejecutivo le emplaza a promover la convocatoria de cursos de formación especializada para los miembros del Ministerio Fiscal y a consignar "urgentemente" fondos para compensar a las comunidades autónomas con competencias en Justicia para que puedan afrontar los costes de los diversos cambios normativos. EFE

