
El Gobierno regional ha demandado este miércoles al Ministerio para la Transición Ecológica un "cambio de rumbo" en las políticas hídricas que viene aplicando desde 2018 "que ponga fin al castigo a los habitantes y agricultores del Levante español", según informaron fuentes del Ejecutivo murciano en un comunicado.
Así lo ha expuesto la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, tras mantener un encuentro de trabajo con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, y miembros de la Junta de Gobierno, en la que analizaron los principales desafíos hídricos de 2025.
"El terrible legado de Teresa Ribera y sus decisiones de los últimos seis años han ocasionado graves daños a la Región de Murcia", ha afirmado la consejera, quien ha especificado que "firmó 26 recortes en los envíos del trasvase Tajo-Segura, que han supuesto una merma de 188,9 hectómetros cúbicos, e impuso su criterio sobre las decisiones técnicas en el 65 por ciento de las ocasiones en las que pudo".
"Esta situación insostenible tiene ahora una oportunidad de revertirse si su sucesora tiene interés en ello, cambiando el sectarismo por la solidaridad y demostrando con hechos que nos encontramos en una nueva etapa donde se deje de señalar a la Región de Murcia y al Levante, frenando la aprobación de las nuevas reglas de explotación de la cuenca del Tajo y las nefastas consecuencias que tendría para nuestros agricultores y consumidores", ha asegurado Rubira.
En la reunión ha recordado que España almacena hoy casi 29.000 hm3 de agua, por encima de la media de los últimos 10 años y supera en 2.000 hm3 la cantidad almacenada en la misma semana del pasado ejercicio. Ha destacado los casi 1.100 hm3 que almacena la cabecera del Tajo, "frente a los apenas 71 hm3 de la del Segura".
"Es necesario que la ministra Aagesen sea consciente de la relevancia que el trasvase Tajo-Segura tiene para el desarrollo económico, social y medioambiental en nuestro país, para el abastecimiento del Levante, el mantenimiento de las industrias y la producción de las mejores frutas y hortalizas, tal y como le trasladé por carta el pasado 26 de noviembre", ha añadido la consejera.
Rubira ha reiterado "la urgencia de mantener un encuentro en el que abordar la situación y necesidades de la cuenca del Segura y paralizar la tramitación de las nuevas reglas de explotación del Plan del Tajo, que de entrar en vigor supondría la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable, la desaparición de más de 15.000 empleos y unas pérdidas estimadas de 5.692 millones de euros", según un reciente estudio de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante.
En la reunión solicitada, la consejera reclamará que en el cuarto ciclo de planificación que ahora se inicia "se aborde con visión de Estado, estableciendo criterios técnicos homogéneos, carentes de arbitrariedades o discrecionalidad, y que se aborden planes que, a diferencia de los que tenemos vigentes, no se limiten a relatar problemas que ya son conocidos y se incorporen soluciones consistentes, viables y realistas".
Rubira ha agradecido al Scrats su "permanente trabajo en la defensa de los agricultores y regantes de la Región de Murcia y el Levante, así como del trasvase como infraestructura necesaria y fundamental". "El regadío del trasvase Tajo-Segura genera más de 110.000 empleos, aporta al PIB nacional más de 3.000 millones de euros, riega más de 44 millones de árboles y permite el mantenimiento de más de 70.000 hectáreas que vertebran el sector agrario de la Región de Murcia", ha concludio el Gobierno regional.
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