
Los españoles estamos llamados a las urnas el próximo 29 de noviembre para unas elecciones generales marcadas por el problema del acceso a una vivienda digna, una de las cuestiones que más preocupa a los hogares del país y que precipitó la convocatoria anticipada de los comicios. Y los partidos con más papeletas para ser el más votado son el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), dos formaciones que presentan programas con enfoques totalmente opuestos en materia de vivienda. Mientras que los socialistas apuestan por una intervención estatal más intensa y la creación de un parque público permanente, los populares prefieren liberalizar el mercado, reducir los trámites y eliminar la actual Ley de Vivienda.
El programa del PSOE, liderado por Pedro Sánchez, sitúa la vivienda como prioridad central de la próxima legislatura y la define como el quinto pilar del Estado de Bienestar. Su propuesta más ambiciosa consiste en movilizar anualmente el 1% del producto interior bruto para facilitar el acceso a una vivienda, un esfuerzo que se sumaría al trabajo de todas las administraciones y al Fondo España Crece, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Los socialistas plantean incluso una reforma constitucional para que la vivienda se reconozca como derecho fundamental exigible ante los poderes públicos.
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Por su parte, el PP con Alberto Núñez Feijóo al frente parte del diagnóstico opuesto de que la crisis se explica sobre todo por la falta de oferta y el exceso de trabas administrativas. Su primera medida es derogar la Ley de Vivienda, eliminar las zonas de mercado tensionado y suprimir el índice de precios de referencia del alquiler, mecanismos que, según los populares, han introducido más intervención e incertidumbre en el mercado.
Ampliar el parque público vs. eliminar burocracia para construir más
Para aumentar la oferta, el PSOE recurre a Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda creada a finales de 2025, que constituirá un parque público estatal de 100.000 viviendas mediante construcción y adquisición, destinadas a la venta o al alquiler estable a precio asequible. El plan incluye movilizar suelo público, incluidos los suelos dotacionales, y crear un banco estatal de suelo disponible para proveedores sociales y cooperativas en cesión de uso.
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La crisis de vivienda en España centra el debate sobre acceso, precios y propuestas políticas.
El PP, en cambio, apuesta por agilizar la construcción mediante una figura urbanística única para “proyectos residenciales estratégicos”, que unificaría los trámites de planificación, gestión y ejecución de los grandes desarrollos. Esa figura contaría con declaración implícita de utilidad pública, plazos máximos de resolución y tramitación en paralelo entre administraciones. Y a esto se le añade la promoción de la vivienda industrializada, un sistema constructivo que, según los populares, reduce plazos y alivia la falta de mano de obra en el sector.
Impuestos a fondos buitre o incentivos fiscales a propietarios
En cuanto a la regulación del alquiler, las diferencias se intensifican. El PSOE mantiene las zonas de mercado residencial tensionado y plantea reforzar su financiación, además de crear un impuesto progresivo sobre las viviendas de grandes propietarios y fondos de inversión que no se destinen al alquiler residencial asequible, estén vacías o se oferten a un precio abusivo. También contempla que los municipios puedan aplicar un impuesto sobre las pernoctaciones en viviendas de uso turístico.
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Asimismo, el PP rechaza ese tipo de intervención y propone, en su lugar, el programa “Tres años más”: una deducción en el IRPF para los inquilinos y un crédito fiscal para el propietario particular que renueve el contrato por tres años adicionales con una subida de la renta por debajo del IPC: El objetivo es dar estabilidad a las familias sin recurrir a controles de precios.
Facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda, con diferente estrategia
Para facilitar el acceso a la primera vivienda, ambos partidos coinciden en priorizar a colectivos como los jóvenes, aunque con instrumentos diferentes. El PSOE mantiene el Programa TUCASA, que ofrece préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para la compra de la primera vivienda con una dotación de 10.000 millones de euros, ampliable si se agota esa línea de crédito. También plantea una garantía pública de alquiler para jóvenes en forma de seguro de impago y la actualización de las deducciones fiscales para quienes viven de alquiler.
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El PP propone reducir del 10% al 4% el IVA de la primera vivienda para menores de 40 años, con la posibilidad de fraccionar el pago al ritmo de la hipoteca, y negociar con las comunidades autónomas una rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda usada entre jóvenes. A esto añade la ampliación del aval público, que hoy cubre hasta el 20% del valor de la vivienda, con la opción de extender el límite de edad hasta los 50 años, y la creación de la Hucha Hogar Joven, una cuenta de ahorro con aportaciones de hasta 2.000 euros anuales, un tope acumulado de 40.000 euros y una deducción fiscal del 20% sobre lo aportado.
En un punto en el que sí convergen ambos partidos es en la rehabilitación del parque inmobiliario existente, aunque difieren en el enfoque. El PSOE propone un programa de gestión y rehabilitación de viviendas vacías de particulares, cuyo uso se cedería para alquiler a precio asequible, garantizando al propietario el cobro de la renta y el mantenimiento del inmueble. El PP, por su parte, fija un IVA superrreducido del 4% para la rehabilitación de vivienda habitual, acompañado de ayudas, financiación pública y avales preferentes, y apoyado en la figura de un “agente rehabilitador”, además de flexibilizar las leyes autonómicas de suelo para facilitar ajustes de edificabilidad y remontas en edificios existentes.
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Ocupación ilegal y vivienda rural
Por último, frente a la ocupación ilegal, únicamente el PP incluye medidas específicas en su programa, como que el propietario pueda recuperar su vivienda en 48 horas desde el primer día por orden judicial, la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos puedan solicitar el desalojo, la nulidad del empadronamiento del ocupa y penas más duras para las mafias que promueven este delito.
En el ámbito rural, los populares eximen de impuestos a los jóvenes que adquieran su vivienda habitual en municipios despoblados, dentro de su estrategia contra la despoblación. El PSOE, en su programa, no incluye una medida fiscal equivalente centrada específicamente en la vivienda joven rural, aunque sí destaca haber multiplicado los recursos para la rehabilitación de viviendas en cascos históricos durante la legislatura en curso.
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