La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha indicado este viernes que el presunto borrado de mensajes por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre el 8 y el 14 de marzo, los días clave en el caso de la filtración sobre Alberto González Amador, puede ser "un presunto delito de obstrucción a la justicia".
Muñoz ha manifestado que el borrado de mensajes "es un indicio de que algo no quería que se supiera" y ha subrayado que el fiscal "entendió que era más beneficioso ese posible delito de obstrucción a la justicia a que se supiera lo que efectivamente había en esos whatsapp".
En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, la diputada ha cuestionado si el borrado de mensajes indica "que el fiscal compartió una información que no podía salir de la Fiscalía General del Estado con el ministro de la Presidencia o con el presidente del Gobierno".
CREE QUE ESTO "ATENTA CONTRA EL ESTADO DE DERECHO"
"Esto atenta directamente contra la separación de poderes y también contra el Estado de Derecho", ha señalado Muñoz, afirmado que esto "anticipa una estrategia del Gobierno de España deslegitimar probablemente posibles o futuras condenas".
A su vez, ha asegurado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "llamó pueril a las acciones del Tribunal Supremo". "El Ejecutivo dice que las actuaciones del Tribunal Supremo son pueriles, es gravísimo", ha enfatizado.
Según la responsable de Sanidad y Educación del PP, estas palabras están haciendo "daños a la democracia única y exclusivamente por mantener a Pedro Sánchez unos días o unos meses más" en el Gobierno de España.
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