El exministro Jordi Sevilla insta al Gobierno a aplazar el cierre de las nucleares

Jordi Sevilla propone una extensión de diez años para la vida de las centrales nucleares en España y señala la necesidad de ajustar su carga fiscal para garantizar su viabilidad económica

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Madrid, 14 nov (EFECOM).- El exministro socialista y expresidente de Red Eléctrica Jordi Sevilla ha dicho este jueves que el Gobierno debe tomarse un tiempo y aplazar el cierre de las centrales nucleares, previsto para el periodo 2027-2035, prolongando su vida útil diez años y reduciendo su carga fiscal para que sea rentable operarlas.

Sevilla, que es director de Contexto, la unidad de inteligencia de la consultora LLYC, ha presentado este jueves el informe 'Nucleares para consolidar una transición energética limpia', elaborado por esa entidad.

El estudio propone extender la vida útil de las centrales nucleares diez años para asegurar la estabilidad energética y la competitividad económica, y revisar su carga fiscal para que al sector privado le sea viable operarlas.

También propone fomentar la instalación de minirreactores nucleares, los SMR (reactores modulares pequeños), una tecnología en expansión en muchos países.

Sevilla ha dicho que el objetivo del informe es convencer al Gobierno de que no aplique el calendario de cierre de las nucleares que se pactó con las compañías propietarias y revise las condiciones económicas que ahora penalizan la energía nuclear en España.

Jordi Sevilla, que en el periodo 2015-2016 fue responsable del equipo económico del entonces candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la percepción de la energía nuclear ha cambiado en los últimos años.

El exministro ha recordado que, en el año 2000, el PSOE puso por primera vez en un programa electoral el cierre de las nucleares, pero ha precisado que, desde entonces, han cambiado muchas cosas.

Sevilla ha indicado que el nuevo comisario de Energía de la Unión Europea (UE), el socialdemócrata danés Dan Jorgensen y la candidata a vicepresidenta Teresa Ribera, todavía ministra para la Transición Ecológica, han reconocido que la energía nuclear es necesaria en Europa.

Según Sevilla, en España se está formando una corriente en favor de no cerrar las nucleares.

Por ello, ve posible que pueda reunirse una mayoría parlamentaria partidaria de que no se cierren.

Además, ha dicho, dos de las cuatro comunidades autónomas con nucleares (Extremadura y Comunidad Valenciana) se han manifestado a favor de que sigan operando.

También ha recordado que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho recientemente que España no puede prescindir de la energía nuclear en la transición ecológica, y que la UE ha incluido a la nuclear, que no emite CO2, en su taxonomía como una energía limpia.

Sevilla ha explicado que se ha producido un vuelco en todo el mundo en favor de recuperar la energía nuclear para lograr una transición limpia y ha añadido que España no puede ser el único país que cierra sus nucleares.

El exministro ha señalado que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé que en 2030 el 81 % de la demanda eléctrica se cubra con renovables, pero ha apuntado que ese porcentaje no se alcanzará todos los días y, en cualquier caso, quedaría aún un 20 % de demanda por cubrir, que es el porcentaje que en este momento aporta la nuclear.

Por eso, considera que el cierre de las nucleares en esas fechas puede poner en riesgo la seguridad del suministro.

Sevilla ha destacado que en España se subvenciona a las renovables y se penaliza a las nucleares y por eso las empresas no quieren mantenerlas abiertas.

Según el análisis de LLYC, la carga fiscal del parque nuclear se ha incrementado un 71 % en el periodo 2019-2025, pasando de 16,56 euros/megavatio hora (MWh) a 28,22 euros/MWh. En la estructura de costes, la carga fiscal supone un 41 %.

Sevilla cree que, "si el Gobierno quiere", aún hay tiempo para evitar el cierre del primer reactor cuya clausura está prevista en el calendario pactado, el de Almaraz.

También ha dicho que tiene la impresión de que las decisiones que deberían anticipar el cierre se están postergando, como la contratación del desmantelamiento, que se deja para el año que viene. EFECOM

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