Madrid, 6 nov (EFE).- Otro mando de la cúpula policial cuando gobernaba Mariano Rajoy, el comisario Andrés Gómez Gordo, ha rechazado este miércoles conocer o participar en supuestas investigaciones ilegales sin aval judicial contra líderes políticos de Unidas Podemos entre 2015 y 2016.
Es el tercer mando policial y el cuarto investigado, contando al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que se desvincula de los hechos que relató la formación en la querella interpuesta contra diversos cargos del Ministerio del Interior y de la Policía cuando dirigía el departamento el exministro Jorge Fernández Díaz (PP).
Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando gobernó Castilla-La Mancha, ha protagonizado este miércoles una breve comparecencia en calidad de investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Según han informado a EFE fuentes jurídicas, solo ha accedido a contestar a su abogado y, tras especificar los puestos que ocupó en el momento de los hechos, ha rechazado conocer o participar en los que se relatan en la querella.
Gómez Gordo fue inspector jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), cuyo responsable entonces, Eugenio Pino, también se desmarcó de esta supuesta trama de investigaciones prospectivas e ilegales a líderes de la formación política mediante el acceso a bases de datos policiales.
Como ellos, hizo lo mismo el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago y el juez debe tomar declaración aún a otro responsable policial investigado, el comisario Germán Rodríguez Castiñeira, entonces jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid.
La querella de Podemos atribuye a Gómez Gordo haber dirigido junto a otros mandos "los equipos humanos directamente encargados de la comisión de las actividades delictivas" y dar cuenta después al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.
Incluye conversaciones entre ambos en los que hablan sobre el ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias que, según el partido, constatan "el efectivo acceso" de Gómez Gordo a una entidad bancaria del exvicepresidente del Gobierno y su contraste con una información que no se correspondería con la realidad.
En dicha conversación, ambos comentan los ingresos de Iglesias que "ha conseguido obtener" un funcionario policial.
El que fuera número dos del Ministerio del Interior Francisco Martínez considera que la incorporación al procedimiento de sus conversaciones, extraídas del conocido como caso Kitchen, son motivo de nulidad en la causa.
Tanto él como Gómez Gordo están pendientes de juicio por el caso Kitchen, en el que se ha investigado la presunta puesta en marcha de una operación parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su familia para tratar de conseguir documentos del caso Gürtel que pudieran perjudicar a miembros de la formación. EFE
Últimas Noticias
La regularización extraordinaria y el curso escolar llevan al empleo a su mejor septiembre con 92.327 ocupados más en la Seguridad Social
“Cientos de miles de vecinos que vivían y trabajaban en España ahora se dan de alta tanto en la Seguridad Social como en el desempleo”

Votación de los decretos de vivienda, en directo: comienza el Pleno extraordinario en el Congreso con la intervención de Isabel Rodríguez
Viernes impredecible y de alta intensidad en el Congreso pero también en el exterior, donde manifestantes presionarán para la convalidación de las medidas

Quién paga la mansión de Puigdemont en Waterloo: 550 metros cuadrados, tres baños y 4.400 euros de alquiler que se financian con “donaciones de amigos”
El líder de Junts ha decidido votar en contra de los decretos ley de vivienda

Un nuevo ES-Alert en Cataluña obliga a confinar las comarcas del Montsià y el Baix Ebre (Tarragona) por riesgo de inundaciones
El temporal dejará 90 litros de agua en tres horas en la región

Otro adiós en Barcelona: cierra el Merendero de la Mari tras casi un siglo de historia por la subida del alquiler y “la degradación de la zona”
La historia de este restaurante familiar comenzaba en 1927 y acaba casi un siglo después, tras dos meses de impago de un alquiler que alcanzaba los 53.000 euros


