Barcelona, 17 oct (EFE).- La patronal de residencias ACRA estima que en los próximos diez años se necesitarán en España unos 100.000 trabajadores en el sector para atender al incremento de ancianos que se espera, en su mayor parte del 'baby boom', para lo que se precisará "una mejora sustancial" de la financiación por parte de las administraciones públicas.
Así se indica en el "Estudio socioeconómico de la atención para personas en situación de dependencia en España", que ha elaborado ACRA con la Unión de Entidades, y que este jueves ha sido presentado en Barcelona por sus presidentes, Cinta Pasqual y Ramon Ramells, respectivamente, en rueda de prensa.
Los salarios bajos del sector y las cargas de trabajo, con las consecuencias físicas y mentales de la etapa de la covid-19, así como "el desprestigio" de la profesión "son algunos de los motivos de este déficit" de personal en España, según se apunta en el estudio, que ha contado con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Para atender a las personas que se harán mayores en los próximos años en España, el estudio de ACRA estima también que se necesitarían crear unas 225.000 camas más en las residencias de toda España, unas 22.500 cada año hasta 2034, para llegar a la ratio de cinco camas por cada cien personas mayores de 65 años.
En cuanto a personal, se precisarán unos 100.000 profesionales adicionales a los actuales 199.000 que ya trabajan en el sector de las residencias.
Actualmente, la oferta residencial en España asciende a 393.581 plazas y otras 106.447 plazas de día.
España dedica el 0,96 % del PIB a financiar los servicios de cuidados de larga estancia, lejos de la media del 1,55 % de los países de la OCDE y de los 3,11 % y 2,90 % que destinan los Países Bajos y Noruega, se indica en el informe.
Pascual ha considerado hoy que se requiere una financiación pública más elevada y que la cifra de un 2 % del PIB para la dependencia sería más adecuada, a su juicio, además de una armonización de salarios de las trabajadoras de las residencias privadas concertadas con los que se cobran en las públicas.
Una auxiliar de geriatría cobra en Cataluña un salario base de 1.132 euros por catorce pagas, a lo que se ha de añadir los complementos de dos fines de semana al mes, un sueldo que asciende a 1.400 euros al mes cuando la profesional de la misma categoría trabaja en una residencia pública, una situación desigual que se debería solucionar, a juicio de la presidenta de ACRA.
Pascual se ha mostrado claramente partidaria de que el Gobierno regularice la situación laboral de muchas de las personas extranjeras que se encuentran en España de forma ilegal que trabajan atendiendo a personas dependientes, como una forma de conseguir los y las profesionales necesarios para los próximos años.
En cuanto a la atención a domicilio, en España se atiende a 534.321 personas, con un índice de cobertura de 5,5 % de las personas mayores de 65 años de promedio, aunque varía mucho entre comunidades autónomas.
Así, el estudio explica que en Extremadura lidera el número de horas que se dedica a los dependientes en su domicilio con 37 horas al mes, una cifra que desciende a once en Cataluña y a diez en Aragón, con un promedio de veinte horas en España.
El análisis elaborado por los expertos de ACRA indica que la oferta de atención en residencia y en domicilio por comunidades autónomas "revela modelos de atención a la dependencia diferenciados", y que algunas CCAA están más orientadas a la atención residencial, como Castilla y León o Navarra, y otras destinan más recursos a la atención a domicilio, como Andalucía y Canarias. EFE.
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