El que fuera jefe de personal de Adif Michaux Miranda ha asegurado este jueves en su declaración como investigado ante el juez del 'caso Koldo' que fue la entonces presidenta del ente, Isabel Pardo de Vera, la que le facilitó el contacto de Soluciones de Gestión, la empresa investigada en la causa que gira en torno a la compra de mascarillas. Esta misma semana, en su declaración como testigo ante el juez, el ex secretario del Consejo de Administración de Adif Guillermo Martínez aseguró que la orden de firmar con la empresa vino de Miranda, y que éste habría reportado sobre esa decisión a Pardo de Vera. Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que Miranda, que únicamente ha contestado a preguntas de su defensa y de la Fiscalía, también ha aprovechado su declaración para calificar de "despropósito" la auditoría interna encargada por el actual titular del Ministerio de Transportes, Óscar Puente. Cabe recordar que la misma reveló una orden ministerial firmada por el exministro José Luis Ábalos en la primera compra a la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestión, donde se duplicó la cuantía de cuatro a ocho millones de mascarillas en un periodo de "tan solo 38 minutos". El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, también ha tomado declaración este jueves como testigo a Daniel Belmar, exalto cargo del Ministerio del Interior que ocupó durante la pandemia la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad. 'LENIN' LE FACILITÓ EL TELÉFONO DE ROTAECHE Las fuentes consultadas señalan que Belmar ha afirmado que fue su jefe, José Antonio Rodríguez, alias 'Lenin', y que dirigía el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el que le habló de Soluciones de Gestión. El propio 'Lenin', según Belmar, habría sido la persona que le facilitó el contacto de Íñigo Rotaeche, el director ejecutivo de Soluciones de Gestión. Además, Belmar ha explicado que Interior no hizo pago anticipado para la adquisición de mascarillas porque, en sus palabras, no era legal hacerlo. Cabe recordar que en este procedimiento que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros. El juez investiga a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y a otras personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
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