La Fundación Hay Derecho pide limitar los decretos-leyes a lo urgente y evitar los ómnibus

Madrid, 13 sep (EFE).- La Fundación Hay Derecho ha lanzado este viernes varias recomendaciones para la regeneración del Estado de derecho en España, entre las que destaca la petición al Gobierno de que use los decretos-leyes para asuntos verdaderamente urgentes y que eluda los llamados "ómnibus", que regulan materias sin relación entre sí.

Así lo recoge en el segundo informe sobre la situación del Estado de derecho en España, referido a 2022 y 2023, aunque con incorporaciones del primer semestre de 2024, durante su redacción, el cual es una continuación del primer informe, publicado hace dos años y que analizó el período 2018-2021.

La Constitución dicta que los decretos-leyes, que se convalidan por las Cortes después de su entrada en vigor, sean para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, pero, según ha constatado Hay Derecho, la tendencia a "abusar" de esta figura legislativa se ha consolidado, aunque haya disminuido respecto a los años previos.

Así, según sus cálculos, en 2022 y 2023 se aprobaron 28 decretos-leyes, en un bienio en el que, en contraste, salieron adelante 71 leyes y leyes orgánicas, mientras que en el bienio anterior, 2020 y 2021, los decretos-leyes habían sido 71, por 47 leyes y leyes orgánicas.

La fundación recuerda que los decretos-leyes tienen menos garantías de calidad técnica que las previstas para la elaboración de leyes ordinarias y orgánicas.

"Al alto uso de los decretos-leyes, se añade su elevado uso para regular materias heterogéneas, lo cual obliga al Congreso a votar en bloque materias dispares, con la correspondiente merma de la calidad normativa", añade la fundación en el informe, en referencia a los "decretos-ómnibus".

De los 20 decretos-leyes aprobados en 2023, fueron ómnibus 7, algo que ocurrió en 5 de los 8 del año anterior, según su recopilación de datos.

Otra alerta de Hay Derecho es sobre "los proyectos de ley encubiertos", como denomina a las proposiciones de ley que provienen de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno.

Así, en 2022, fueron 21 de las 96 proposiciones de ley que hubo, y en 2023 fueron 18 de las 95.

Asimismo, Hay Derecho recomienda menos imprevisión y más planificación para las normas, y, en este sentido, lamenta que en 2022 fueran 7 las leyes y 179 los decretos que se aprobaron sin haber estado previstos en el Plan Anual Normativo, mientras que en 2023 ocurrió con una ley orgánica, 4 ordinarias y 214 decretos.

En el informe también se indica que al cierre de 2023 España tenía 81 procedimientos abiertos por infracción o falta de trasposición de la normativa europea; el estado miembro de la Unión Europea que más tenía, empatado con Bulgaria.

Además, es el quinto de la UE con menos jueces por habitante, según Hay Derecho, que, entre otras recomendaciones, insta a la aprobación de una ley que regule los grupos de interés o de presión (los 'lobbies') y a crear una autoridad independiente para dar protección a los informantes de corrupción, para evitar que sufran represalias. EFE

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