Rafael Martínez
Madrid, 14 jul (EFE).- El Tribunal Constitucional se prepara para cerrar esta semana el caso de los ERE con una propuesta que plantea eliminar totalmente la condena por malversación al expresidente de la Junta de Andalucía Jose Antonio Griñán y reducir considerablemente la pena de inhabilitación al expresidente andaluz Manuel Chaves.
Un escenario que ha encendido las alertas en el PP que ha anunciado que pedirá la recusación del presidente, Cándido Conde Pumpido; de la vicepresidenta y ponente de las sentencias, Inmaculada Montalbán; y de la magistrada María Luisa Balaguer por posibles causas de incompatibilidad.
Desde el tribunal están a la espera de que el PP registre las recusaciones que se consideran "extemporáneas", según explican a EFE fuentes del órgano de garantías, que recuerdan que el Partido Popular es una parte personada, a la que se notificó hace más de año y medio la avocación al Pleno y la composición del cónclave.
Las fuentes auguran que no tiene recorrido, más aun cuando se anuncian las recusaciones con siete sentencias dictadas y a pocos días del Pleno que cerrará la carpeta de los ERE con otras cinco resoluciones. Por eso, los incidentes de recusación se resolverán el martes, antes del pleno, porque los asuntos no se pueden suspender.
Porque si se cumplen las previsiones y se aplica la doctrina de las siete sentencias ya resueltas por el Pleno, todo apunta a que las propuestas saldrán adelante porque cuentan, en principio, con el apoyo de los siete magistrados del bloque progresista y el voto en contra de los cuatro magistrados del sector conservador.
De ser así, el Constitucional culminaría el vuelco a la sentencia de los ERE reescribiendo uno de los casos de corrupción más mediáticos de España, que juzgó la creación y mantenimiento de un sistema ilegal de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.
Además de los recursos de Griñán y Chaves, el pleno que arranca este martes verá los recursos del resto de condenados que recurrieron al TC, que son los del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías; el exdirector general de Presupuestos y exviceconsejero de Presidencia, Antonio Vicente Lozano; y el exdirector general de Trabajo, Juan Márquez.
Los borradores estiman parcialmente los recursos de los expresidentes, por lo que anulan sus sentencias y ordenan a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva con los hechos que apunta el Constitucional respecto de partidas concretas de la prevaricación.
En síntesis, aplica los mismos argumentos que en los fallos anteriores de los ERE: que la elaboración de los anteproyectos y su aprobación como proyectos de ley no constituye prevaricación; que a partir de 2002 se actuaba conforme a la cobertura de la Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento andaluz y que no es lo mismo gestionar las ayudas en la Consejería de Empleo que aprobar las partidas presupuestarias.
En el caso de Griñán, condenado a seis años de prisión y 15 de inhabilitación, el texto elimina totalmente la malversación y hace lo mismo con la prevaricación a excepción de una modificación presupuestaria realizada para la partida 32H, ajena al programa de ayudas sociolaborales, el mismo escenario que afectó a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.
Dicha partida fue aprobada el 9 de diciembre de 2004 por el Consejo de Gobierno presidido por Chaves y con Griñán como consejero de Hacienda, siendo Martínez Aguayo su número 2 en la Consejería.
De ser así las cosas para Griñán, algo previsible, la sentencia eliminaría definitivamente toda opción de ingreso en prisión, algo que hasta la fecha no ha sucedido porque la Audiencia de Sevilla suspendió la pena por cinco años debido al cáncer que padece.
Y en cuanto a Chaves, la ponencia anula la prevaricación en lo relativo a los proyectos de Ley de Presupuestos, pero no así en lo que se refiere a las modificaciones presupuestarias anteriores a que ese mecanismo se introdujera por ley.
Así las cosas, el texto acota los hechos de la prevaricación a cinco modificaciones presupuestarias entre 2000 y 2001 cuando presidía la Junta así como a la partida 32H de 2004. EFE
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