Gobierno responde al juez Peinado que el abogado puede acudir a la declaración de Barrabés

Madrid, 9 jul (EFE).- La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado este martes que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que sea el abogado de la defensa quien acuda a una declaración judicial, en lugar de la persona investigada, en alusión al caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Ayer lunes, el juez Juan Carlos Peinado amenazó con detener a Gómez si no acude presencialmente al juzgado el próximo día 15 a la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés, que lo hará por videoconferencia debido a su estado de salud.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha dicho que lo único que se conoce "hoy por hoy" es que el propio abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, pidió este lunes a la Audiencia Provincial el archivo de la causa al entender que se estaba haciendo una "investigación prospectiva".

Ha añadido que el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que quien "tiene que acudir es el abogado de la defensa y si no estuviese habría que nombrar a un abogado de oficio. Es lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si hay un jurista en la sala puede acudir al articulado" para corroborarlo.

Sin embargo, en opinión de la portavoz "lo más importante y lo que no hay que perder de vista es conocer de dónde deviene todo: viene de una denuncia falsa, de bulos, ejecutada por organizaciones ultraderechistas".

Esa denuncia, ha dicho, fue "desmontada argumento a argumento por la propia Guardia Civil".

Alegría ha concluido que entiende que Begoña Gómez hará "como cualquier otro ciudadano, que es seguir las recomendaciones de su abogado".

Gómez figura como investigada en una causa abierta tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en relación a una serie de adjudicaciones al empresario Barrabés, profesor de un máster que ella codirigía.

A su denuncia se unió la querella de Hazte Oír, también por tráfico de influencias, donde pedía investigar si Gómez se prevalió de su relación con el presidente del Gobierno para "establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades" o si ofreció o ejerció su influencia en "la concesión de subvenciones y ayudas públicas".

Otras acusaciones personadas en la causa, como Vox, también denunciaron otros hechos, como la presunta apropiación de un software para el máster de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. EFE

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