Madrid, 15 may (EFE).- La alarma saltó a nivel nacional en enero de 2020, tras la violación grupal a una menor tutelada en Baleares en Nochevieja, y regresó dos años después a las portadas al desarticularse una red de explotación sexual de adolescentes en Madrid. Se aprobaron planes y protocolos, pero las agresiones a este colectivo especialmente vulnerable no cesan.
La última operación se ha desarrollado en Asturias, donde la semana pasada fueron detenidos doce hombres por explotar sexualmente a al menos cinco menores de entre 13 y 17 años tuteladas por el Principado.
Según informó la Jefatura Superior de Policía, a los detenidos se les imputan los delitos de agresión sexual, prostitución, pertenencia a grupo criminal y corrupción de menores. Las víctimas estaban en situación de "gran vulnerabilidad", al tratarse de menores sin arraigo familiar y, en algún caso, con problemas de adicciones.
Es una realidad habitual en los distintos casos que van saliendo a la luz: niñas obligadas a prostituirse para financiarse una droga a la que, en muchas ocasiones, les ha hecho adictas el mismo agresor.
En abril fue detenido por la Ertzaintza un joven de 25 años acusado de agredir sexualmente a dos menores tuteladas en un centro de la Diputación de Álava, que denunció los hechos alertado por el centro educativo en el que estudian.
El pasado febrero, dos adolescentes de 13 y 15 años tuteladas por la Comunidad Autónoma de Murcia también fueron agredidas sexualmente y obligadas a prostituirse.
Según la información facilitada por la Policía Nacional, las dos fueron abordadas en la calle por dos mujeres, que trataron de convencerlas de que fueran con ellas para prostituirse y "en un primer momento consintieron esa propuesta". Pero cuando las llevaron a un piso, dos hombres las forzaron, sin su consentimiento, y las agredieron sexualmente.
Les dieron 20 euros a cada una y, tras lo sucedido, las chicas fueron a comisaría y contaron a los agentes lo sucedido; "se habían visto superadas por las circunstancias", dijeron.
Tras la alarma generada por los graves casos de abusos en Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid, el Defensor del Pueblo inició en 2022 una investigación y pidió datos a todas las comunidades autónomas.
Su primera conclusión, al ver la información tan dispar recibida, es que se trata de un problema que no ha recibido un tratamiento transparente, ordenado y sistemático, relata en su último informe anual, de 2023.
En la mayoría de los casos, las víctimas -el 81 % chicas y especialmente de entre 14 y 17 años- estaban en acogimiento residencial y los abusos y agresiones fueron detectados por los educadores.
Hay decenas de casos de agresiones y abusos sexuales, en ocasiones a cambio de bienes materiales. Las víctimas también sufren explotación sexual, trata de seres humanos o difusión de videos con contenido sexual en redes sociales.
En 2022, el Ministerio de Igualdad comenzó a destinar una partida anual de 800.000 euros para poner en marcha programas de prevención de abusos sexuales y de la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual en menores tuteladas o acogidas por las administraciones.
Según ha informado el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaria al PP, de esa primera partida las comunidades autónomas sólo ejecutaron un 45,58 %. Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla no gastaron ni un euro. EFE
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