Los más "morosos" con el Defensor del Pueblo: 127 ayuntamientos, más de Madrid y Murcia

Madrid, 24 mar (EFE).- El Defensor del Pueblo incluye en su informes anuales un anexo con las administraciones no colaboradas con la institución, es decir, a las que se les ha requerido información hasta tres veces porque no le han contestado. En el de 2023 aparecen como "morosos" 127 ayuntamientos, muchos de ellos de Madrid y Murcia.

Pero además de esas entidades locales, en la administración central los ministerios de Asuntos Exteriores, Cultura e Interior salen en esa lista, así como dos comunidades autónomas: Canarias y Galicia. La cierra solo un organismo: el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, al que por tres veces se le ha pedido información sobre la devolución de un presunto menos extranjero.

Recuerda el Defensor en su informe que la ley obliga a las administraciones a contestarle sobre la información que la institución que dirige Ángel Gabilondo precisa para llevar a cabo sus actuaciones.

Pero la contestación ofrecida -añade- "no es siempre inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse tras haber sido reclamada en varias ocasiones".

En esos casos la ley faculta al Defensor a declarar a la entidad 'morosa' como "hostil o entorpecedora de sus funciones", además de a ponerlo en conocimiento de las Cortes Generales por medio de su inclusión en el informe anual o, en su caso, en un informe especial.

Según el informe, la Dirección General de Servicio Exterior, del Ministerio de Exteriores, aún no le había contestado sobre la situación del Consulado de España en Londres con motivo del Brexit.

A la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura el Defensor le ha solicitado tres veces información en relación a la conservación y mantenimiento de bienes de interés cultural de Murcia.

Por su parte, al Ministerio del Interior le constan dos requerimientos. Uno a la Dirección General de Política Interior solicitando información sobre procedimientos en puestos fronterizos, y otro a la Subsecretaría de Interior sobre la denegación de un estatuto de apátrida.

Sólo dos administraciones autonómicas aparecen en esa 'lista negra': Canarias y Galicia.

En el archipiélago la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias acumula dos peticiones: una sobre tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y otra la demora en la valoración de un grado de discapacidad.

Mientras, la Consejería de Sanidad ha sido requerida en tres ocasiones para que facilitara información sobre unas facturas emitidas por un hospital por un atropello con fuga.

A la Consejería de Política Social y Juventud de Galicia, por su parte, la institución le demandó información sobre su Programa Individual de Atención (PIA).

Un total de 127 ayuntamientos de 36 provincias aparecen en la lista como administraciones no colaboradoras con el Defensor, la mayoría con un solo requerimiento. Por provincias, es Madrid la que cuenta con más localidades que no han respondido a la institución, con un total de 17.

Le siguen Guadalajara, con nueve, y Murcia y Toledo, con ocho ayuntamientos en cada caso.

Pero si hay una corporación municipal a la que el Defensor le ha pedido reiteradamente información esa es Librilla, en Murcia. En seis requerimientos ha tenido que insistir tres veces la institución. Al cierre del informe aún seguía sin respuesta.

A Librilla le sigue en número de peticiones el ayuntamiento de Colmenar de Oreja, en la Comunidad de Madrid, con cuatro requerimientos.

Con dos solicitudes se encuentran en el listado las corporaciones locales de Abarán, Molina de Segura y San Javier (Murcia), Casarrubios del Monte (Toledo), Colmenar Viejo, Los Santos de la Hunosa y Valdemoro (Madrid), Cudillero y Piloña (Asturias), Ingenio, Pájara y San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), Lardero y Matute (La Rioja), Pedro Bernardo (Ávila) y Zamora capital.

Cobro de tasas e impuestos, estado de jardines y caminos, asfaltado, ubicación de contenedores, cables eléctricos en la vía pública, molestias por explotaciones ganaderas o por botellones, licencias... son algunos de los motivos de los requerimientos. EFE

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