Piden 20 años por contactar con adolescentes en Instagram y proponerles sexo a cambio de dinero

La Fiscalía cántabra ha solicitado una pena de 20 años de prisión en total a un hombre por un delito de explotación sexual y corrupción de menores, ya que está acusado de contactar con cuatro adolescentes a través de Instagram y proponerles sexo a cambio de dinero. Será enjuiciado este miércoles, 21 de febrero, a partir de las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. El ministerio público señala en su escrito de conclusiones provisionales que el procesado, que padece una discapacidad intelectual que le afecta levemente, contactó a través de una cuenta de Instagram con cuatro chicos, de entre trece y quince años de edad, a los que les propuso "en numerosísimas ocasiones" encontrarse para mantener relaciones sexuales. "Con el fin de convencerles de que accediesen a sus reiteradas peticiones, les ofreció diversas cantidades de dinero, que sin embargo los menores no aceptaron", añade el fiscal en su informe inicial. Para esta parte, los hechos constituyen cuatro delitos continuados de explotación sexual y corrupción de menores, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de la responsabilidad penal de alteración mental. Así, la pena solicitada para cada delito es de cinco años de prisión, así como siete de alejamiento y prohibición de comunicar con los adolescentes, diez de libertad vigilada y veinte de inhabilitación para desempeño con menores. Y como indemnización, la Fiscalía pide mil euros a cada perjudicado por el daño moral. TRÁFICO COCAÍNA EN CARTES Por otro lado, la Audiencia Provincial también acogerá el miércoles, en la Sección Primera y a partir de las 12.00 horas, un juicio por un delito contra la salud pública a un hombre acusado de traficar con cocaína en Cartes. Según el fiscal, el implicado fue sorprendido en la vía pública tras entregar a otra persona un pequeño envoltorio que contenía dicha sustancia. Considera que los hechos constituyen un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, merecedor de tres años de cárcel y 70 euros de multa.