Móstoles, 16 ene (EFECOM).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado un recurso presentado por la compañía OHLA en el que reclamaba una nueva indemnización de 53,5 millones de euros a la Comunidad de Madrid por la paralización en 2010 de las obras del fallido proyecto de tren entre Móstoles y Navalcarnero.
Este rechazo se produce después de que la constructora, dueña de la adjudicataria Cemonasa, ya recibiera a finales de 2021 una indemnización de 162,5 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid por la liquidación del contrato, después de que el TSJM estimara la reclamación de OHLA.
Ahora, la constructora exigía otros 53,5 millones de euros por los costes de inversión de "las obras ejecutadas y no abonadas en relación al proyecto complementario y actuaciones de reposición, adecuación y cerramiento en el marco de este contrato" encargado a Cemonasa, filial de por ese entonces OHLA.
Sin embargo, la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha desestimado el recurso presentado por OHLA, declarando ajustada a derecho otra resolución previa que desestimaba la pretensión de la constructora de pedir una indemnización adicional a la ya recibida por la liquidación del contrato.
En este sentido, la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, insiste en que la paralización de las obras solo resulta imputable a Cemonasa -no a la Comunidad de Madrid- por lo que "todos los gastos que de ello hayan derivado deberán ser asumidos por la misma".
"Son parte de sus obligaciones el mantenimiento y conservación de las obras y por tanto ha de asumir sus costes conforme a las cláusulas", añade la sentencia, que acaba desestimando el recurso contencioso-administrativo, ya que entiende que el denominado proyecto complementario (no requerido por la Administración ni aprobado) fue "por el abandono definitivo de la obra".
Aún así, fuentes de la compañía OHLA han señalado a Efe que presentarán un recurso de casación contra esta nueva sentencia del TSJM.
El plan de ampliación de la red de Cercanías desde Móstoles a Navalcarnero fue un empeño personal de la expresidenta Esperanza Aguirre, quien adjudicó las obras a la constructora OHL en 2009 por 369 millones de euros.
Las obras arrancaron en ese mismo año tanto en Móstoles, donde se comenzaron a horadar los túneles que iban a soterrar toda la línea a su paso por la ciudad, como en Navalcarnero, donde se acotó y valló el trazado, que discurría en superficie, y se llegaron a iniciar las estaciones tanto de El Pinar como de La Dehesa.
Sin embargo, este trazado, que en teoría iba a tener 15 kilómetros de longitud, siete estaciones y estaría abierto a finales de 2015, fue paralizado por parte de OHL en el año 2010 y, más de una década después de que se iniciase esta obra, los vecinos de Móstoles, Navalcarnero y Arroyomolinos siguen sin tener esta conexión.
En junio de 2015, tras cinco años con las obras paradas, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad de Madrid solicitando la resolución del contrato por "imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles".
A su vez, el Gobierno regional, entonces liderado por Cristina Cifuentes, reclamó a la adjudicataria una cantidad de más de 300 millones de euros por "incumplimiento de contrato".
Finalmente, el Tribunal Supremo tumbó el recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid y estimó la reclamación de OHL, que ha recibido un abono de 162,5 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid por la liquidación del contrato. EFECOM
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