El diputado de la Asamblea de Melilla detenido en el caso del voto por correo deja su acta

Melilla, 16 ene (EFE).- Mohamed Ahmed Al-Lal, que fue detenido en la investigación del voto por correo en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, en las que obtuvo un escaño en la Asamblea de Melilla como número 3 en la candidatura de Coalición por Melilla (CPM), renunciará a su acta de diputado.

El vicepresidente segundo de la Asamblea y diputado local de CPM, Rachid Bussian, ha informado a preguntas de los periodistas que Ahmed Al-Lal ha comunicado a su partido su intención de dejar el acta al no poder compaginar su labor parlamentaria por cuestiones personales y profesionales.

“Así nos lo ha hecho llegar y entendemos que va a dar un paso al lado, por lo que estamos a expensas de que se pueda materializar la noticia en el día de hoy”, ha dicho Bussian, según el cual en CPM tenían conocimiento de ello desde hacía “bastante tiempo”.

El vicepresidente segundo de la Asamblea ha recordado que el acta de diputado es personal e intransferible, algo en lo que no puede entrar CPM que, no obstante, agradece el trabajo a su compañero, diputado de su grupo parlamentario en la Asamblea en las tres últimas legislaturas, desde 2015.

Además, en el pasado mandato formó parte del Gobierno de Melilla como consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, puesto del que Mohamed Ahmed fue cesado por el entonces presidente de Melilla, Eduardo de Castro, un día después de su detención durante la campaña de las elecciones municipales de 2023.

Mohamed Ahmed logró uno de los cinco escaños de CPM en aquella cita electoral y tomó posesión como diputado en la sesión constitutiva de la Asamblea de Melilla celebrada el 7 de julio de 2023, unos días más tarde que el resto de ayuntamientos debido al recurso contencioso-electoral presentado por los cepemistas, desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Desde entonces, Mohamed Ahmed no ha vuelto a ejercer ninguna actividad en la Asamblea ni ha acudido a comisiones o plenos, lo que supone seis meses de inactividad que hace unos días Vox denunció públicamente como un incumplimiento del Reglamento de la Cámara, “una vejación total de funciones” y un “fraude a los electores”. EFE

1010833

pst/fs/jls