El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha "toda su maquinaria" para analizar las acciones judiciales posibles y presentar un recurso de inconstitucionalidad en cuanto se apruebe la ley de amnistía pactada por el PSOE y Junts para lograr la investidura de Pedro Sánchez. Además, ha solicitado la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para que los mandatarios de las comunidades se pronuncien sobre el alcance de estos acuerdos ya que "comprometen la financiación autonómica y la integridad territorial" del país. "Nos negamos a aceptar que el futuro de Cantabria lo decida un prófugo de la justicia desde Waterloo". "No se puede decidir el futuro de España de forma bilateral, por la puerta de atrás y a espaldas de las demás regiones", ha defendido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha realizado este jueves una declaración institucional tras aprobarse en Consejo de Gobierno. Buruaga ha asegurado que su Gobierno "no se va a callar" ante lo que considera "una traición" a la Constitución y también a la autonomía, por lo que pondrá a funcionar "todos los instrumentos" a su alcance para dejar sin efecto los acuerdos entre Sánchez y los independentistas, dentro de sus competencias y "uniendo fuerzas" con las demás autonomías.
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