Hasta Hacienda comete errores: se lía con el IVA al contratar la destrucción de siete de sus embarcaciones y enfada a los sindicatos

Hasta Hacienda se lía con el IVA. La Agencia Tributaria quiere destruir varias de las embarcaciones que han dejado de prestar servicio en su cuerpo de élite, Vigilancia Aduanera, pero ha tenido que modificar el contrato de achatarramiento de siete de sus patrulleros porque entendía en un principio que el trabajo estaba exento de este impuesto y no lo está. El Servicio de Gestión Económica del Ministerio de Hacienda ha tenido que rectificar la licitación y ampliar el plazo para que las empresas interesadas en este contrato presentaran sus ofertas por este error. La Dirección General de Tributos aprobó el gasto del achatarramiento (654.000 euros) sin contemplar la partida destinada al IVA, ya que entendía que los buques de Vigilancia Aduanera son buques auxiliares de la Armada y se les aplicaba la exención del artículo 22 de la ‘Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido’.

Pero mientras tramitaba esta licitación, Hacienda se dio cuenta de que “no concurren en el presente expediente los elementos acumulativos que permiten la aplicación de la exención de IVA al servicio que se pretende contratar por no afectar a ‘necesidades directas’ relacionadas con el funcionamiento de las embarcaciones, siendo esta circunstancia la que justificaría la exención del IVA”. Por lo tanto, hubo que modificar los pliegos y añadir el impuesto, lo que incrementa el coste a 791.340 euros. “A efectos de que los licitadores puedan disponer de tiempo para preparar las ofertas en los términos planteados, se propone la ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta el 24 de marzo de 2026″, señala Hacienda. ¿De qué embarcaciones se quiere deshacer Vigilancia Aduanera?

Se trata del Alcaraván I (anclado en la base de Santander), el Alcaraván II (Ribadeo), Alcaraván III (Santurce), Alcaraván IV (Gijón), el VA II (en Muros), el Alcaudón II (en Algeciras) y el Fénix (en Almería). Hacienda necesita una empresa que desguace las embarcaciones; saque todos los líquidos, combustibles, aceite de los motores, refrigerante, etc; desmonte elementos contaminados; y pague las tasas y el transporte a la planta de tratamiento de residuos peligrosos. También se alerta de que “se ha detectado la presencia de amianto en los materiales aislantes” de cinco de los siete patrulleros. Son barcos muy antiguos, que empezaron a prestar servicio entre 1984 y 1999.

La flota de Vigilancia Aduanera va a tener en breve nuevas embarcaciones: tres patrulleras tipo ‘Rodman 111′, serie Peregrino, de 33 metros de eslora (una en Cádiz, otra en Málaga y otra en Alicante); y ocho embarcaciones tipo ‘Rodman 55′ serie Audaz, de 17 metros de eslora, las bautizadas como interceptadoras de narcolanchas.

De estas ocho, dos se han destinado a Algeciras, una a Cádiz y, próximamente, otra en Málaga, otra en Almería y otra para Motril (Granada). Las dos últimas aún no tienen destino, aunque el sindicato SIAT espera que una de ellas vaya a Huelva, una de las zonas calientes del narcotráfico. El coste de estos 11 buques asciende a 34,5 millones de euros.

Barcos con destino a Libia

Mientras llegan nuevos buques a Vigilancia Aduanera y los viejos se destruyen, desde SIAT explican que han solicitado a la Dirección de la Agencia Tributaria “que tramite la custodia de las diez embarcaciones aprehendidas en agosto de 2025 al buque mercante Lila Mumbai”. Este fue inmovilizado en el puerto de Algeciras en agosto de 2025 por sospechas de contrabando, al transportar diez embarcaciones de posible uso militar hacia Libia, violando así el embargo de la ONU. “Dos de ellas tienen una eslora de 40 metros y ocho de 15 metros. Las características de estas embarcaciones se podrían utilizar en la persecución y represión del narcocontrabando”, señala a este diario un portavoz del SIAT.

“Desde hace tiempo venimos reclamando a la Agencia Tributaria que se soliciten en custodia las embarcaciones o vehículos aprehendidos, o bien se decomisen dichos medios tras una sentencia judicial, en lugar de sacarlos a subasta pública, para potenciar y satisfacer las necesidades organizativas de Vigilancia Aduanera por todo el territorio y costas nacionales. Estas actuaciones supondrían un ahorro al erario público y, sin lugar a dudas, redundarían en una mayor operatividad de Vigilancia Aduanera”, concluyen desde SIAT. El PP y el BNG han pedido que estos barcos incautados se destinen a las bases de Vigilancia Aduanera en Galicia.