Ecologistas reclaman el endurecimiento de penas y la inclusión del ecocidio como delito

Madrid, 28 jul (EFE).- Las organizaciones ecologistas han mostrado su malestar y sorpresa ante el fallo de un juzgado de Sevilla que exime a la empresa Boliden de pagar los casi 90 millones de euros que le reclamaba la Junta de Andalucía para las labores de limpieza de los casi seis millones de metros cúbicos de vertidos tóxicos de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).

Portavoces de Greenpeace, WWF y Ecologistas en Acción consultados por EFE han coincidido en que la empresa Boliden "sale favorecida" con el fallo del juez del Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla, tras no cumplir con las labores de limpieza que le exigía la Junta de Andalucía tras y además haberse "beneficiado del cobro de subvenciones".

La portavoz en temas de minería de Greenpeace, María José Cabello, ha señalado que el fallo, que se puede recurrir, deja al medioambiente y a la sociedad "completamente vendida ante las grandes empresas".

La Junta hasta ahora sólo ha reclamado el dinero de la limpieza, pero "nadie ha hablado de los 5.000 empleos y los 11.000 millones de euros que se perdieron", según Cabello, quien ha subrayado que "si la justicia ni siquiera considera que las administraciones tienen el derecho a recuperar lo que han empleado en limpiar lo que destrozan las empresas, se ve, una vez más, que son las grandes empresas las que se salen con la con la suya".

Cabello ha explicado que "Boliden había hecho una serie de promesas" y ahora no está obligada a cumplirlas a pesar de que han pasado 25 años de la catástrofe que inundó más de 60 kilómetros de vertidos tóxicos, además "ha cobrado subvenciones".

El portavoz de WWF Juanjo Carmona ha señalado que antes del juicio ya advirtió que esto "era lo más probable que sucediera", porque "la legislación en su momento no obligaba a asumir determinados riesgos y se puede decir que la situación sigue igual", porque "los ganadores del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar han vuelto a crear una empresa instrumental".

Carmona ha explicado que "la empresa no invirtió en seguridad en su momento" y las administraciones archivaron las diferentes denuncias, por lo que "las consecuencias son las que se están viendo".

Ha incidido en que en España no sólo "quien contamina no paga, si no que salió (Boliden) favorecida en el cierre, y han sido los ciudadanos los que han pagado esto con su bolsillo".

Ha asegurado que se pueden dar otros accidentes similares al de Aznalcóllar y las administraciones "igual que en su momento, dan palabras bonitas, pero poca seguridad y permiten que las empresas sigan haciendo las mismas operaciones, las mismas empresas pantalla que hacían en el mundo de la minería".

El portavoz de Ecologistas en Acción, Cristóbal López Pazo, ha subrayado que Boliden "elude pagar" por su responsabilidad en el desastre ecológico de Aznalcóllar "gracias a la laxa legislación española respecto a la protección del medioambiente y sobre todo gracias al entramado societario del que se dotó Boliden para evitar pagar indemnizaciones o sanciones mediante la quiebra de la empresa pantalla Boliden Apirsa".

Una vez más, ha subrayado, "la industria minera elude la Justicia con mayúsculas y se libra de pagar sanciones e indemnizaciones, gracias al entramado societario", algo que, según el portavoz de Ecologistas, "no hubiera ocurrido si la administración andaluza no hubiera permitido el recrecimiento de la balsa y hubiera realzado medidas de control".

Las ongs han advertido de que la Junta "favorece la reapertura de la mina".

Y desde Ecologistas en Acción alertan de que el mismo modo de operar "lo está llevando a cabo actualmente la minera internacional Grupo México, que pretende reabrir la mina de Los Frailes en Aznalcóllar "utilizando también un conglomerado de empresas, a través de la sociedad pantalla española Minera Los Frailes, participada en un 97 % por Grupo México".

Según López Pazo, en el juicio se ha concretado que el conglomerado Boliden "recibió 67 millones de euros de indemnizaciones de compañías de seguros, dinero que no revirtió en la descontaminación".

Maite Mompó, directora de la campaña en España de Stopecocidio, explica que la contaminación supuso el vertido de seis millones de metros cúbicos de elementos "tan tóxicos como zinc, plomo y azufre y aguas contaminadas que terminaron en el río Guadiamar, que llega hasta Doñana, provocando un daño muy extenso y duradero en el tiempo, con lo cual entra en la categoría de lo que se considera un ecocidio".

Este es "un claro ejemplo de la necesidad de tipificación del ecocidio en el Código Penal español", especialmente para "prevenir a las empresas para que no se puedan producir estos daños tan graves en el medioambiente". EFE

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