La Justicia de Madrid ordena conceder la nacionalidad española a un colombiano que consiguió demostrar 14 generaciones de antepasados sefardíes

La Audiencia Provincial revocó dos rechazos previos al considerar válidas las pruebas genealógicas y los documentos sobre su vínculo con España

Pasaporte español sobre un mapa.
Pasaporte español sobre un mapa.
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Un tribunal de Madrid ordenó conceder la nacionalidad española a un ciudadano colombiano residente en Bogotá tras reconocer que demostró su origen sefardí español. La decisión revocó dos rechazos anteriores: uno de la administración y otro de un juzgado de primera instancia.

La Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid dictó la sentencia 357/2026 el 13 de octubre de 2026. El tribunal ordenó a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) completar los trámites necesarios para otorgarle la nacionalidad.

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El caso corresponde a Hipolito, quien solicitó la nacionalidad al amparo de la Ley 12/2015, aprobada para permitir que los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492 pudieran acceder a la ciudadanía española.

La administración rechazó su solicitud en octubre de 2023. Dos años después, el Juzgado de Primera Instancia número 74 de Madrid confirmó esa negativa. La Audiencia Provincial, en cambio, concluyó que el solicitante había acreditado tanto su origen sefardí como su relación con España. El proceso aborda una discusión que estuvo presente en miles de expedientes: qué nivel de prueba se exige para acreditar una descendencia que se remonta a más de cinco siglos.

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El debate sobre la genealogía

Hipolito presentó dos informes que identificaban sus apellidos como parte de linajes sefardíes de origen español. Uno fue emitido por Eusebio, experto en genealogía de la Unión Sefardí Mundial, con firma notarial en Jerusalén y apostilla de La Haya. El otro fue firmado por Norberto, secretario del Centro de Documentación y Estudios Moisés de León. También aportó un estudio genealógico elaborado por Raúl, que reconstruía su árbol familiar hasta los sefardíes expulsados de España en 1492 a través del linaje Cieza de León.

La DGSJFP consideró insuficiente esa documentación. Sostuvo que el árbol familiar no tenía respaldo documental a partir de la quinta generación hacia atrás. Según la administración, desde ese punto no se habían presentado partidas de nacimiento, bautismo o matrimonio que permitieran comprobar cada vínculo familiar. Además, cuestionó que una de las personas incluidas en la genealogía no llevara los apellidos de sus presuntos padres y señaló una inconsistencia en otra parte del informe sobre la identidad de un descendiente.

Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid. (Ricardo Rubio - Europa Press)
Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid. (Ricardo Rubio - Europa Press)

El juzgado de primera instancia respaldó esos argumentos. En su sentencia del 2 de octubre de 2025, concluyó que Hipolito no había demostrado ni su condición de sefardí originario de España ni una vinculación especial con el país, los dos requisitos que establecía la Ley 12/2015.

El tribunal también entendió que los apellidos no acreditaban por sí solos un origen sefardí y que los certificados presentados para probar su relación con España reflejaban actividades recientes y de alcance limitado. Añadió que faltaba un certificado de la Federación de Comunidades Judías de España, una entidad a la que la ley atribuía relevancia en este tipo de solicitudes.

Hipolito apeló la decisión. Alegó que la prueba había sido valorada de forma incorrecta y que la administración no le había permitido corregir posibles deficiencias antes de rechazar el expediente.

La decisión de la Audiencia de Madrid

La Audiencia Provincial aplicó los criterios fijados por el Tribunal Supremo en dos sentencias del 15 de enero de 2025. Esas resoluciones establecieron que los informes elaborados por genealogistas o expertos particulares pueden ser válidos para demostrar el origen sefardí, aunque no hayan sido expedidos por una comunidad judía.

El tribunal señaló que la discusión no estaba en la validez general de la Unión Sefardí Mundial ni del Centro de Documentación y Estudios Moisés de León, sino en la falta de documentos para demostrar parte de la línea familiar.

Sin embargo, la Audiencia concluyó que un informe adicional presentado junto con la demanda resolvía ese problema. El documento detallaba las pruebas disponibles hasta la quinta generación y citaba fuentes bibliográficas verificadas para reconstruir las nueve generaciones restantes, hasta llegar a la decimocuarta. Para los magistrados, esas referencias eran suficientes para responder a las objeciones planteadas por la administración sobre el árbol genealógico.

La relación con España

La Audiencia también revisó el segundo requisito: la vinculación especial con España. La administración y el juzgado habían restado valor a los certificados porque fueron emitidos poco antes de la solicitud. Interpretaron que podían haberse obtenido solo para cumplir con el procedimiento.

El tribunal rechazó ese razonamiento. Recordó que el Tribunal Supremo ya había establecido que la cercanía entre la fecha de un certificado y la presentación de la solicitud no lo invalida. También señaló que el plazo para presentar expedientes bajo la Ley 12/2015 fue limitado, por lo que era razonable que algunos documentos fueran recientes.

Hipolito presentó un certificado del Centro de Documentación y Estudios Moisés de León que lo identificaba como colaborador en investigaciones sobre historia sefardí, fechado el 25 de noviembre de 2019. También aportó una certificación de la Fundación EFRAT España, emitida en Madrid el 3 de diciembre de ese año, que reconocía su apoyo a la difusión de la cultura sefardí y judeoespañola.

Nacionalidad española por descendencia: requisitos necesarios para conseguirla.

A eso se sumaron la exención del examen de español del Instituto Cervantes, por ser el castellano su lengua materna, y el certificado de aprobación de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España.

La Audiencia consideró que el conjunto de documentos acreditaba una relación real y efectiva con España. La sentencia revocó el fallo del juzgado, anuló la decisión administrativa del 9 de octubre de 2023 y declaró que Hipolito reúne los requisitos para obtener la nacionalidad española.

Además, condenó a la DGSJFP a pagar las costas de la primera instancia. No impuso costas por la apelación. La administración podía recurrir ante el Tribunal Supremo en un plazo de 20 días desde la notificación de la sentencia.

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