
Una empresa de seguridad privada ha conseguido que la Justicia eleve a más de 40.000 euros la indemnización que deberá pagarle su propia abogada por la negligente defensa de un procedimiento laboral. La letrada no acudió al juicio por despido de uno de sus trabajadores, no comunicó a su clienta la sentencia que declaró improcedente el cese y tampoco le advirtió de las consecuencias de no readmitirlo. La Audiencia Provincial de Albacete considera que su actuación privó a la compañía de una oportunidad muy probable de defenderse con éxito y ha elevado la condena inicial de 5.000 a 40.843,07 euros.
El conflicto se remonta a un despido efectuado el 4 de septiembre de 2018. El trabajador, identificado en la sentencia como Eugenio, demandó a Unión Protección Civil SL, la empresa para la que trabajaba, y el asunto quedó en manos de la abogada ahora condenada. La compañía contaba con un informe elaborado por un detective privado que recogía los incumplimientos reiterados del horario de entrada del empleado. También disponía del testimonio de un responsable de vigilancia que podía corroborar esas irregularidades.
PUBLICIDAD
Sin embargo, la defensa no llegó a desarrollar esas pruebas en el procedimiento. La letrada no compareció al juicio celebrado el 17 de junio de 2019 ante el Juzgado de lo Social número 1 de Albacete. Al día siguiente, el órgano judicial dictó sentencia y declaró improcedente el despido del trabajador, una resolución frente a la que la empresa debía decidir si lo readmitía o lo indemnizaba.
La Audiencia Provincial considera que la ausencia de la abogada privó a la compañía de la posibilidad de defenderse frente a la demanda. Los magistrados destacan que tanto el informe del detective como la declaración del encargado de vigilancia constituían indicios muy sólidos de que el despido podía haber sido declarado procedente. Es decir, la empresa tenía posibilidades importantes de ganar el juicio si su defensa hubiera presentado y desarrollado esas pruebas.
PUBLICIDAD
La negligencia no terminó con la incomparecencia. Según recoge la sentencia, la empresa tampoco tuvo conocimiento de la resolución judicial en el momento en que debía decidir cómo actuar. La falta de comunicación le impidió optar dentro del plazo legal entre readmitir al trabajador o abonarle la indemnización correspondiente. La compañía terminó asumiendo las consecuencias económicas de una readmisión que, según el relato recogido en el procedimiento, no llegó a ejecutarse correctamente.

La abogada anunció el 5 de julio de 2019 la intención de presentar un recurso de suplicación, pero lo hizo sin consignar el importe de la condena, un defecto que impedía tramitarlo. Además, el trabajador promovió posteriormente la ejecución de la sentencia ante la falta de readmisión. La letrada tampoco informó a la empresa de ese procedimiento ni compareció al incidente de no readmisión celebrado en septiembre.
PUBLICIDAD
El resultado fue una condena económica que siguió aumentando. En el incidente de ejecución, el trabajador obtuvo una indemnización de 26.865 euros y otros 19.815 euros en salarios de tramitación, además de 3.933,12 euros en intereses y costas. La suma de esos conceptos ascendió a 50.613,12 euros.
La empresa reclamó entonces a su antigua abogada 56.613,12 euros por los perjuicios que atribuía a su actuación, incluidos 6.000 euros por daño moral. En primera instancia, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Albacete apreció la responsabilidad profesional de la letrada, pero limitó la indemnización a 5.000 euros. Unión Protección Civil recurrió esa decisión al considerar que la cantidad no reflejaba las consecuencias económicas de la negligencia.
PUBLICIDAD
La Audiencia Provincial le ha dado parcialmente la razón. La Sala entiende que la indemnización debe cubrir los daños que la empresa sufrió hasta el 4 de julio de 2019, fecha en la que la abogada dejó de encargarse formalmente del procedimiento y entregó la documentación a la compañía. Los magistrados consideran acreditado que la empresa aceptó ese cese de la prestación de servicios y descartan extender la responsabilidad de la letrada a las actuaciones posteriores.
Con ese límite temporal, los jueces fijan los perjuicios indemnizables en dos conceptos: los 25.002,26 euros correspondientes a la indemnización por despido y los 15.841,44 euros de salarios de tramitación acumulados hasta el 4 de julio. La suma asciende a 40.843,70 euros, aunque el fallo establece finalmente la condena en 40.843,07 euros.
PUBLICIDAD
La Sala también rechaza los 6.000 euros adicionales que la empresa reclamaba por daño moral. Considera que el perjuicio deriva de la pérdida de una oportunidad de obtener una resolución favorable en un procedimiento con consecuencias económicas y que, por tanto, debe tratarse como un daño patrimonial, no como una lesión moral indemnizable.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Elecciones generales 29-N, en directo: última hora de los sondeos, la campaña y la subida de sueldo de los funcionarios
Quinto día de campaña electoral en España, con los candidatos repartidos por distintas comunidades y a menos de dos semanas de las elecciones. La mayoría de las encuestas otorgan la victoria al PP frente a una minoría de estudios que sitúan al PSOE en cabeza
Un accidente entre dos trenes en Praga deja decenas de heridos: la Policía de República Checa investiga la causa
Por el momento no se conocen detalles del motivo. “Los investigadores están ahora en el lugar”, han comunicado las autoridades

Descubren que las células del cerebro de los pollos pueden sobrevivir sin oxígeno: el hallazgo podría ayudar a prevenir el daño de los ictus en humanos
Estas aves cuentan con una neuronas cuya capacidad de resistencia es tan enorme como inesperada

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once
Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Diferencias económicas entre PP y PSOE de cara al 29-N: dos modelos enfrentados por los impuestos, la vivienda y el gasto público
Mientras que los socialistas apuestan por reforzar el papel del Estado como motor de la actividad económica y herramienta de redistribución de la riqueza, los populares defienden una menor intervención pública, la contención del gasto y una política de rebajas fiscales


