
La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a un solicitante de origen sefardí al que el Estado había denegado la nacionalidad española previamente, en 2022. La Sección Undécima del tribunal estimó el recurso de apelación y revocó tanto la resolución administrativa como la sentencia de primera instancia que la respaldaba. En consecuencia, obliga a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública a completar todos los trámites necesarios para que esa ciudadanía se haga efectiva.
El Estado había rechazado la solicitud porque consideraba insuficiente la documentación aportada. El certificado de origen sefardí, emitido por una comunidad judía del país de residencia del solicitante, se limitaba a declarar esa condición sin detallar las investigaciones que la sustentaban. El juzgado de primera instancia, que en 2024 confirmó la denegación, fue más allá y cuestionó también el informe genealógico presentado, al señalar que este “se salta más de tres siglos, sin justificación alguna” y que el apellido estudiado no coincidía con el del demandante.
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La ley no exige a los solicitantes que adjunten la documentación con la que acreditaron el origen sefardí
La Audiencia discrepó de ese razonamiento en un punto que considera decisivo: la ley no obliga a quienes certifican el origen sefardí a adjuntar la documentación en la que se basaron para hacerlo. Exigir ese paso adicional, sostuvo la sala, supone ir más allá de lo que la norma pide, y recordó que ese criterio no cuenta con respaldo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El tribunal valoró la documentación de forma conjunta: el certificado de la comunidad judía, que la propia administración reconoció que cumplía el requisito de estar radicada en el país de residencia, y el informe sobre los apellidos familiares del solicitante. Según la resolución, las dudas planteadas por el Estado sobre la seriedad de esa certificación “no son bastantes motivos para dejar la misma sin efecto alguno”. Con ese conjunto de pruebas, la sala dio por acreditados tanto el origen sefardí como la vinculación especial con España.
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La sentencia se apoya en dos resoluciones del Tribunal Supremo de enero de 2025 que fijaron criterios comunes para este tipo de litigios. Esa doctrina establece que la administración no está obligada a seguir el criterio favorable del notario que interviene en el procedimiento, aunque sí deja claro que los tribunales revisan con plena libertad la decisión que finalmente se adopte. También precisa que los informes genealógicos de expertos individuales, aunque no sean “entidades” en sentido estricto, pueden valorarse como prueba complementaria.
El solicitante había alegado además que el retraso de la administración en resolver equivalía a una aprobación tácita, el llamado silencio administrativo positivo. La sala lo rechazó sin matices: la nacionalidad requiere siempre una resolución expresa. También descartó el argumento de que negarle la nacionalidad a él, cuando otros casos similares sí la habían obtenido, vulneraba el principio de igualdad. La respuesta remite a la doctrina del Supremo: “No hay derecho a la igualdad en la ilegalidad.”
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La sentencia, fechada el 30 de septiembre de 2026, anula de forma íntegra la resolución administrativa de 2022 y condena a la Dirección General a tramitar la concesión. Las costas del primer juicio recayeron sobre la administración, mientras que las de la apelación no se impusieron a ninguna de las partes. La resolución aún puede recurrirse en casación ante el mismo tribunal en un plazo de veinte días.
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