
El campo español atraviesa una situación marcada por la falta de relevo generacional, las dificultades para acceder a la tierra y a la financiación, el aumento de los costes de producción y la competencia de productos procedentes de terceros países. Un escenario que pone en cuestión la continuidad de muchas explotaciones familiares y que conoce de primera mano Marta García, ganadera cántabra de 47 años y titular de Ganadería Valdelmazo.
En una entrevista con Maldito Podcast, presentado por Carlos González, ha repasado los principales obstáculos a los que se enfrenta el sector y ha advertido de las dificultades para incorporarse a una actividad que, según sostiene, cada vez resulta menos accesible para las nuevas generaciones.
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García, de 47 años, se incorporó a la actividad ganadera en 2013, a los 33 años. Según ha explicado, la continuidad del oficio depende en gran medida de la tradición familiar. “Esto es una vocación y si no lo has mamado es muy, muy complicado”, ha señalado. A ese obstáculo se suma la dificultad de acceso a la tierra y a la financiación, condiciones que, según ha detallado, determinan quién puede empezar en el sector.
Las grandes empresas controlan las explotaciones
La ganadera ha descrito un proceso de concentración de la propiedad rural. “Nuestras tierras están cayendo en manos de grandes multinacionales, están cayendo en manos de las grandes eléctricas. Estamos viendo sustituir olivos por placas solares”, ha sostenido. A su juicio, ese fenómeno se combina con los acuerdos comerciales negociados en el ámbito europeo, que, según ha dicho, afectan directamente a los productores locales.
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García también ha relacionado la falta de niños en el medio rural con el futuro del sector. “Al final la ganadería y la agricultura o se mama de chico o es muy complicado empezar, porque tienes que tener tierras y si no hay acceso a la tierra, si no hay acceso a la financiación y si no hay unos conocimientos básicos” ha explicado, y ha añadido que la actividad exige trabajar los 365 días del año.
La ganadera ha continuado su reflexión sobre el relevo generacional con una advertencia sobre el vínculo entre la sociedad urbana y el medio rural. “Detrás de cada producto que vais a coger en el supermercado hay un territorio, hay una familia que está haciendo pueblo”, ha expresado, y ha pedido que los consumidores revisen el origen de los productos que adquieren.
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La normativa española garantizan la seguridad, pero sube los costes
La ganadera ha comparado las condiciones de producción en España con las de otros mercados. “Los costes laborales de este país son insufribles”, ha afirmado, al señalar que en algunas ocasiones empleados contratados por ella han ganado más que ella misma pese a asumir el riesgo empresarial. Según su relato, la carga fiscal y burocrática eleva el precio final de los productos españoles frente a los importados desde países con menores exigencias regulatorias.
García ha sostenido que España cuenta con “la mayor seguridad alimentaria del mundo” debido a una legislación que ha calificado de garantista, lo que se traduce en mayores costes para ganaderos y agricultores. Ha citado controles veterinarios, análisis de laboratorio y normas sobre bienestar animal como parte de ese marco regulatorio que, a su entender, no se replica con el mismo rigor en otros países exportadores.
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La competencia internacional, otro frente abierto para el sector
García ha señalado a los acuerdos comerciales con terceros países como una de las principales amenazas para la producción nacional. Ha mencionado específicamente a Marruecos y a los países del Mercosur como competidores que, según ha afirmado, no asumen los mismos costes que los productores españoles en materia de seguridad social, prevención de riesgos laborales o protección de datos. La ganadera ha citado también el caso de Brasil, al que la Unión Europea prohibió la importación de carne tras una auditoría que, según ha explicado, detectó el uso de estradiol 17 beta, una hormona de crecimiento prohibida en el territorio comunitario.
La ganadera ha vinculado esta competencia con el uso de productos fitosanitarios que en España están prohibidos por ley, pero que, según ha sostenido, se emplean sin restricciones en otros países exportadores. A su juicio, esa diferencia regulatoria abarata los productos importados frente a los nacionales, pese a que estos últimos cumplen controles más exigentes. García ha calificado esta situación como “una moneda de cambio” en las negociaciones comerciales de la Unión Europea, que, según ha advertido, termina perjudicando a los productores locales.
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