
Las llegadas de personas migrantes a Canarias se han disparado desde inicios del mes de octubre, a pesar de que la ruta atlántica es una de las más peligrosas del mundo. Después de que los arribos bajaran durante los primeros nueve meses del año -se registraron 7.133 en comparación con los 12.848 de 2025-, el archipiélago ha vuelto a registrar desembarcos masivos en pocas semanas, especialmente en El Hierro. Con el objetivo de abordar el repunte migratorio en la isla, el Gobierno ha informado este martes que aprobará una “ayuda inmediata” de cinco millones de euros para el refuerzo sanitario y el impacto socioeconómico, una cantidad que se suma a los 15 millones anunciados la semana pasada para mejorar la acogida, atención y derivaciones de las personas migrantes. No obstante, el Gobierno de Canarias ha exigido que se acelere la llegada de más recursos para abordar la situación.
La Cátedra Juan Miguel Sanjuán, promovida por la Fundación Satocan Júnguel Sanjuán, ha elaborado un informe en el que se refleja ese aumento de los flujos migratorios hacia Canarias en este último mes y medio. En él destacan que solo en los primeros diez días de noviembre un total de 5.857 personas llegaron al archipiélago en 57 embarcaciones, aunque el Gobierno de Canarias eleva ese cálculo a cerca de 7.500, por lo que en apenas seis semanas han arribado más migrantes que en los nueve meses precedentes.
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Menos control en origen y rutas más largas
El informe, que lleva por título Inmigración africana a Canarias. Actividad 2026 y prospectiva, atribuye el repunte inmediato a una combinación de factores. El primero es la relajación temporal de la vigilancia en Senegal y Gambia y, de hecho, la semana pasada el Ejecutivo central vinculó parte del aumento de las salidas a la concentración de efectivos policiales senegaleses en competiciones deportivas hasta el 13 de noviembre. Cuando disminuye la vigilancia en los puntos de embarque, sostiene el informe, las redes de tráfico aprovechan rápidamente esa ventana.
En Gambia, en cambio, el aumento de las salidas se relaciona con el inicio de la campaña electoral.

La experiencia de 2026, indica la fundación, apunta a que la cooperación con los países africanos tiene una influencia decisiva sobre el número de salidas. Mauritania, por ejemplo, habría interceptado 37 embarcaciones con más de 4.300 personas a bordo durante el año, mientras que la Guardia Civil cifra en 17.000 las salidas frenadas. Estas cifras ayudan a explicar la caída observada durante la primera mitad del año, pero también muestran que el control no elimina necesariamente la voluntad de salir: puede aplazarla, desplazarla o redirigirla hacia otros puntos.
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De hecho, una de las tendencias más importantes es el desplazamiento de las salidas hacia el sur. Además de Senegal y Mauritania, las redes operan desde Gambia, Casamance —región meridional de Senegal—, Guinea y Guinea-Bisáu. Esto significa travesías potencialmente mucho más largas, de entre 1.000 y 2.000 kilómetros, con mayor exposición al mal tiempo, los fallos mecánicos, la falta de agua y comida o los naufragios sin posibilidad de rescate rápido.
La Cátedra Juan Miguel Sanjuán señala que una de las redes desarticuladas en Casamance cobraba 600 euros por cada plaza en una embarcación. En un cayuco con 100 pasajeros, la recaudación potencial ascendería a 60.000 euros. La cifra revela la rentabilidad de unas redes cada vez más organizadas y el esfuerzo económico de familias que reúnen dinero o se endeudan para financiar la salida de un familiar.
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La presión de fondo: Sahel, pobreza y falta de oportunidades
El estudio insiste en que las causas profundas no son coyunturales. La crisis de seguridad y desplazamiento en el Sahel mantiene una presión migratoria estructural. Burkina Faso, Mali y Níger acumulan cerca de cuatro millones de personas desplazadas, en un contexto en el que la financiación de la respuesta humanitaria de ACNUR apenas alcanzaría el 27% de las necesidades. Mali, por ejemplo, atraviesa una de sus peores fases de inseguridad.
A ello se suman el desempleo juvenil, la falta de perspectivas económicas, la desertificación, las sequías y el deterioro de los recursos pesqueros. Para muchas comunidades costeras de África occidental, la pesca y las actividades rurales han perdido capacidad para sostener a una población joven y creciente. El informe recuerda además que la población en edad de trabajar en la región seguirá aumentando con fuerza hasta 2050.
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Tres escenarios y propuestas para mejorar la situación
La fundación plantea tres escenarios para el cierre de 2026: unas 24.000 llegadas si Senegal y Gambia recuperan plenamente la contención; alrededor de 28.000 en un escenario intermedio; y hasta 33.000 si persiste el ritmo de salidas observado en noviembre. También prevé que en el primer trimestre de 2027 siga habiendo una presión elevada, ya que los meses de otoño e invierno suelen concentrar picos de llegadas.
A medio plazo, entre 2027 y 2029, el informe prevé oscilaciones anuales de entre 15.000 y 40.000 personas.
Con el objetivo de impedir que el mar se convierta en la única salida posible para miles de personas migrantes en una ruta cada vez más letal, la fundación propone reforzar la acogida en El Hierro y Tenerife, establecer mecanismos estables de reparto de menores no acompañados, mejorar el salvamento marítimo y avanzar en vías legales de contratación, migración circular e integración laboral.
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