
El Ayuntamiento de Donostia ha solicitado formalmente al Estado la cesión gratuita del Palacio de la Cumbre, el edificio donde, en 1983, fueron secuestrados y torturados Joxean Lasa y Joxi Zabala, dos jóvenes de Tolosa, de 20 y 21 años, miembros del comando Gorki de ETA.
La Junta de Gobierno Local aprobó este martes elevar la petición al Gobierno central para “desarrollar un proyecto vinculado a la recuperación, preservación y difusión de la memoria democrática”, según anunció el alcalde en una rueda de prensa citada por el diario Naiz.
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El inmueble, construido en 1862 sobre una finca de 17.800 metros cuadrados y catalogado como bien de interés cultural en 2003 con el máximo grado de protección, fue adquirido por el Estado español en 1944 y convertido en sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante la dictadura franquista.

Lasa y Zabala, torturados por el Estado en el Palacio de la Cumbre
En 1983 pasó a ser propiedad del Ministerio del Interior y, apenas cuatro meses después, su sótano se convirtió en el escenario del secuestro y la tortura de Lasa y Zabala a manos de agentes de la Guardia Civil bajo el mando del comandante Enrique Rodríguez Galindo, con el beneplácito del gobernador civil Julen Elorriaga, según la sentencia 1179/2021 del Tribunal Supremo. El episodio forma parte de la llamada guerra sucia contra ETA.
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Lasa y Zabala habían huido a Bayona, en Francia, tras ser identificados como responsables de un atraco sin heridos en una oficina de la Caja Laboral en Tolosa en 1981. Allí fueron secuestrados la noche del 15 al 16 de octubre de 1983 por guardias civiles al mando del entonces coronel Enrique Rodríguez Galindo, trasladados de forma clandestina a España y retenidos en un primer momento en el cuartel de Intxaurrondo, en Donostia. Desde allí, siguiendo instrucciones de Galindo, fueron llevados al sótano del Palacio de la Cumbre, donde permanecieron ocultos y fueron sometidos a interrogatorios bajo tortura, según consta en la sentencia 1179/2021 del Tribunal Supremo.
A la vista del estado en que quedaron tras los interrogatorios, Galindo, con el conocimiento del gobernador civil de Gipuzkoa, Julen Elgorriaga, y del teniente coronel Ángel Vaquero, ordenó su asesinato y desaparición. Los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo trasladaron a los dos jóvenes, atados, amordazados y con los ojos vendados, hasta un paraje de Busot, en Alicante, donde les obligaron a cavar sus propias tumbas. Allí recibieron tres disparos en la cabeza, uno a Lasa y dos a Zabala, y sus cuerpos, desnudos, fueron enterrados bajo más de 50 kilos de cal viva, según los hechos probados recogidos en la sentencia de la Audiencia Nacional. Los restos aparecieron el 20 de enero de 1985, pero su identificación definitiva no llegó hasta diez años después, en marzo de 1995.
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Un compromiso que viene de un pacto de 2022
La petición tiene su origen en un acuerdo político sellado hace más de cuatro años en Madrid. El Gobierno central y EH Bildu pactaron entonces, entre otras cosas, el traspaso de este palacio al Ayuntamiento donostiarra para convertirlo en un lugar de memoria. Ese compromiso quedó recogido después en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, cuya disposición adicional decimoctava obliga al Gobierno de España a promover, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma, un convenio de cesión del inmueble al Consistorio para actividades de recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática.
Las familias de Lasa y Zabala impulsan, junto a la fundación Egiari Zor (que trabaja por el reconocimiento, la verdad y la reparación de las víctimas de violencia estatal), la transformación del edificio en un lugar de memoria dedicado a las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y grupos parapoliciales en Euskadi.
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Seis áreas y un recorrido museístico de tres plantas
La propuesta, dirigida al Ayuntamiento de San Sebastián, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, plantea que el Palacio de la Cumbre se convierta en un centro de memoria con seis áreas: una exposición permanente, servicios pedagógicos, un espacio virtual, atención psicosocial, un salón polivalente para asociaciones de víctimas y un centro de recursos e investigación.
El recorrido se dividiría en tres plantas: una exposición cronológica sobre la dictadura franquista y la Transición, centrada en 1960-1983; otra sobre fusilamientos, desapariciones, torturas, secuestros, exilio, robo de menores y represión del euskera; y una tercera para exposiciones temporales sobre derechos humanos. Una antesala situaría estos hechos en el contexto de guerras, genocidios y dictaduras internacionales.
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El proyecto toma como referencia las normas vascas que reconocieron a víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1999, un marco en el que sitúa el caso de Joxean Lasa y Joxi Zabala. También incorpora la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de derogar la Ley de Amnistía de 1977, al entender que obstaculiza la investigación de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias.
La intervención abarcaría los jardines del palacio. La propuesta señala que el recinto está asociado a una imagen de fortaleza cerrada, con muros, alambradas y cámaras, y plantea derribar parte de esas barreras para abrir el espacio a la ciudadanía, incorporando además esculturas e instalaciones artísticas.
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El área de atención psicosocial estaría integrada por psiquiatras, psicólogas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y profesionales del derecho. El centro de investigación trabajaría con la Universidad del País Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, acogería proyectos doctorales y posdoctorales y contaría con un consejo asesor. Como elemento diferencial, el documento propone organizar cada dos años un seminario internacional sobre el reconocimiento de víctimas de violencia estatal, con participación de experiencias europeas e internacionales.

Entre cuatro y cinco millones de euros para rehabilitar el palacio
El alcalde definió el paso dado como “un trámite con el que se activa oficialmente el procedimiento impulsado al amparo de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática”, fruto, según dijo, de “varios años de trabajo institucional y diálogo con distintas administraciones, entidades memorialistas y grupos políticos municipales”. Añadió que “con este paso conseguimos desbloquear un nudo que lleva años atascado y permitir así que Donostia profundice su compromiso con la memoria democrática”, y habló de “un acelerón dado a la agenda interinstitucional para conseguir acuerdos beneficiosos para las y los donostiarras antes del fin de la legislatura en España”.
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El proceso se ha trabajado junto a la Comisión No Permanente de Derechos Humanos y el Consejo Asesor de Memoria Histórica, además de entidades como Lantxabe, Egiari Zor, Argituz, Mikel Zabalza Herri Ekimena y la asociación Aranzadi, junto a las propias familias de Lasa y Zabala. “Ha sido un trabajo intenso y discreto”, resumió el alcalde en rueda de prensa. EH Bildu, por su parte, ha denunciado en varias ocasiones demoras municipales en la gestión del expediente, algo que el equipo de gobierno niega.
El regidor calculó que poner a punto el edificio, cerrado e inactivo desde hace años, exigiría entre cuatro y cinco millones de euros de inversión, dada su condición de bien de interés cultural con máxima protección urbanística. Según explicó, ya hay conversaciones con la Diputación, con Gogora y con el Gobierno vasco sobre contenido y financiación. “Conseguiremos la cesión y luego nos tocará, ya de manera muy concreta y muy detallada, bajar todo eso a hechos concretos, pero existe una voluntad, tanto en contenido como en financiación”, concluyó.
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