
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil mantiene abierta una investigación penal por un presunto delito contra la fauna tras el hallazgo de dos ejemplares de lobo ibérico (Canis lupus signatus) muertos y decapitados en el término municipal de Canales de la Sierra, en La Rioja. Aunque los cadáveres fueron localizados el pasado septiembre en el paraje Pies de la Sierra, ahora el Instituto Armado ha solicitado la colaboración ciudadana para dar con los responsables.
Según ha informado la Guardia Civil, fueron los agentes forestales de La Rioja quienes dieron el aviso inicial tras encontrar a los animales. De inmediato, efectivos del SEPRONA asumieron el caso en coordinación con el laboratorio de criminalística, llevando a cabo inspecciones oculares técnico-científicas, toma de muestras y recopilación de evidencias en la zona con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas de la muerte e identificar a los autores.
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Para avanzar en las pesquisas, se han habilitado los canales habituales de atención —el teléfono 062, la Comandancia de La Rioja y la aplicación AlertCops— por si algún ciudadano pudiera aportar datos sobre personas o vehículos sospechosos detectados en el entorno durante aquellas fechas.

La difusión del suceso ha provocado una oleada de condenas por parte de las principales organizaciones animalistas, que apuntan directamente a las políticas de gestión cinegética de la comunidad. A través de sus redes sociales, WWF España ha lamentado este “nuevo delito contra una especie tan valiosa” y ha pedido que se identifique a los responsables para que respondan ante la justicia, advirtiendo que “desproteger al lobo alimenta un clima incompatible con su conservación”.
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Los colectivos ecologistas rechazan la caza del lobo
Amigos de la Tierra La Rioja ha condenado la decapitación de los ejemplares y ha reclamado al Ejecutivo regional que se llegue hasta las últimas consecuencias. La entidad subraya que este episodio evidencia “la preocupante situación del lobo y la necesidad de acabar con su criminalización”, recordando que no es un enemigo del medio rural, sino una pieza clave para el equilibrio de los ecosistemas.
Por ello, desde la asociación rechazan cualquier forma de persecución contra la especie y reiteran que su caza debe estar prohibida. Insisten, además, en que los posibles conflictos con la ganadería deben abordarse mediante medidas de prevención, apoyo al sector ganadero y convivencia, “nunca mediante la eliminación de animales”.
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Por su parte, Ecologistas en Acción de La Rioja ha calificado de “criminales” a los autores y ha puesto el foco en el lapso de dos meses transcurrido desde el hallazgo hasta el anuncio oficial. La organización denuncia la “política oscurantista” de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a la que acusa de conocer los hechos desde septiembre y ocultarlos hasta que la Guardia Civil los ha hecho públicos.
Además, el colectivo ecologista lanza varias incógnitas sobre la investigación, cuestionando si se han realizado necropsias o análisis toxicológicos para determinar si murieron por disparos o veneno, y planteando si tras las decapitaciones existe una “motivación económica” para justificar su muerte ante terceros.
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