Condenan a una aseguradora a pagar 171.000 euros a un motorista por las secuelas de un accidente: sufre ocho secuelas “inoperables” en las articulaciones

Un juzgado de Arenys de Mar ha condenado a una aseguradora a pagar 171.033,95 euros a un hombre por los daños sufridos en un accidente de moto. La aseguradora había pagado antes del juicio 107.738,73 euros y solo reconocía deber 11.439,73 euros más. El tribunal ha estimado que el resarcimiento real tenía que ser notablemente superior.

El accidente ocurrió cuando un conductor, al volante del vehículo asegurado, realizó una maniobra imprudente e impactó contra la moto. La aseguradora reconoció el siniestro y su responsabilidad, pero cuestionó el alcance real de las lesiones. Así, el núcleo de la disputa no fue quién tuvo la culpa del accidente, sino qué secuelas causó realmente.

Y es que el motorista tenía antecedentes que le habían causado problemas físicos en el pasado: cuando era joven, sufrió un accidente grave que le dejó lesiones permanentes en la pierna izquierda, con artrodesis de tobillo, rigidez de rodilla y una incapacidad permanente total reconocida laboralmente. La aseguradora argumentaba que gran parte del daño reclamado provenía de ese estado anterior, no del choque actual.

Para resolver el punto, el juzgado contó con cuatro peritos que presentaron informes y declararon en el juicio. Las diferencias entre ellos fueron profundas. El perito del demandante, por ejemplo, valoró 69 puntos de secuelas y reclamó 162.808,90 euros solo por ese concepto. El perito de la aseguradora, en cambio, redujo esa cifra de forma drástica.

El perito del juzgado, la voz determinante

El magistrado eligió como referencia principal el informe del traumatólogo designado por el propio juzgado. Las razones fueron explícitas en la sentencia: exploró personalmente al motorista, tomó fotografías de sus extremidades con anotaciones de grados de flexión y cicatrices, y revisó toda la documentación médica acumulada durante años, incluidos los informes de los otros peritos.

El juez señaló que los informes rivales llegaban a conclusiones divergentes “sin ofrecer explicaciones suficientes de sus razonamientos ni exponer la metodología aplicada”, lo que permitía concluir que sus aseveraciones eran, en parte, meramente subjetivas.

Este traumatólogo identificó ocho secuelas. Las más graves, calificadas como “interagravatorias” porque se potencian entre sí, fueron: pseudoartrosis de tibia inoperable; anquilosis de rodilla en posición funcional; y abolición de movilidad del hombro. Completaron ese grupo un hombro doloroso, algias cervicales y dolor en la mano. Como secuelas concurrentes, reconoció un trastorno por estrés postraumático leve y un trastorno depresivo mayor crónico leve.

La sentencia aplicó la Ley 35/2015 de reforma del baremo de accidentes de tráfico, vigente desde la fecha del siniestro. Esa norma establece una fórmula matemática específica para calcular puntuaciones cuando hay varias secuelas que interactúan entre sí, de modo que la suma no es simple, sino ponderada. Tras siete operaciones sucesivas con la fórmula legal, el juzgado obtuvo una puntuación final de 51 puntos para las secuelas físicas. Cruzando ese resultado con la tabla de valoración económica y la edad del demandante en el momento del accidente —59 años—, el perjuicio psicofísico quedó fijado en 92.873,26 euros.

A ese monto se sumaron otros conceptos. Por el período de recuperación —450 días en total, 14 de ellos con pérdida grave de calidad de vida y 436 con pérdida moderada— correspondieron 24.771,14 euros. Por el perjuicio estético, calificado de moderado y valorado en 14 puntos, otros 13.175,58 euros. Y por el daño moral asociado a la pérdida de calidad de vida, el juez fijó 40.000 euros, una cifra que ubica ese perjuicio en la frontera entre el rango “moderado alto” y el “grave bajo” según el baremo.