Desahucian en Sevilla a una mujer víctima de violencia de género y su padre de 87 años enfermo de cáncer: la casa queda en manos de la expareja

Raquel, una mujer de 49 años que ha sido víctima de violencia de género, ha sido desahuciada este martes junto a su padre, un hombre de 87 años con una discapacidad del 75%, de la vivienda donde residían desde varios años en Carmona, Sevilla. La Guardia Civil ha llegado al inmueble alrededor de las 11:30 horas y, hacia las 12:50, la familia abandonaba sin tener una alternativa habitacional. “Estamos en la calle, sin nada”, ha lamentado Raquel tras el desalojo, y ahora la vivienda queda en manos de su expareja, contra quien se abrió una causa penal por violencia machista.

“Ni gente sin casas, ni casas sin gente”, han coreado las decenas de vecinos y activistas que trataban de frenar el desahucio, que también han expresado su rechazo a que la vivienda quede en manos de la expareja de Raquel. “Sin vergüenzas. Estáis ayudando a un agresor, los maltratadores a la cárcel”, han gritado algunos de los concentrados a los agentes que ejecutaban el lanzamiento.

La casa, que es la que compraron los abuelos de Raquel y en la que pasó su infancia, estaba acondicionada para las necesidades del padre y su ubicación también facilitaba los traslados al Hospital Virgen Macarena, al que el hombre debe acudir unas tres veces por semana para recibir quimioterapia por un mieloma múltiple. El desahucio agrava ahora la situación de la familia: además de perder su hogar, han quedado sin la proximidad al centro hospitalario y sin la red de apoyo vecinal con la que contaban.

Los servicios sociales reconocieron la doble vulnerabilidad de la unidad familiar, pero no han encontrado una alternativa viable, según explicó Raquel. Quien , que calcula que necesitarían unos 4.000 euros para acceder a un alquiler de entre 750 y 800 euros mensuales, con los gastos iniciales, las fianzas y los honorarios inmobiliarios.

Conflicto judicial

El origen del conflicto se remonta a la compra de la vivienda familiar, que pertenecía a sus abuelos. Al hacerse mayores, decidieron venderla y Raquel la compró. Sin embargo, su entonces pareja, con quien mantenía una relación desde los 16 años, pidió figurar también en la hipoteca y en las escrituras.

La convivencia terminó en 2017, después de 24 años de relación, y desde entonces la casa quedó en el centro de un conflicto judicial por su uso y titularidad. En el marco de la separación, Raquel aceptó un acuerdo para alternar la residencia cada tres meses.

Según su relato, su expareja no residía de forma habitual en la vivienda durante los turnos que le correspondían y, cuando ella regresaba, encontraba daños en el inmueble y en sus pertenencias. Además, asegura, su expareja dejó de asumir la hipoteca y otros gastos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el seguro de la casa, desde que se marchó, hace cerca de una década.

En 2019, la familia sufrió un primer desalojo. Pudo volver a la vivienda en abril de 2020, pero aquella experiencia coincidió con uno de los momentos más difíciles de su historia familiar: la madre de Raquel, que padecía una enfermedad grave, regresó allí para pasar sus últimos días.

En 2022 se abrió un segundo procedimiento de desalojo, que quedó suspendido por la existencia de una causa penal relacionada con violencia de género contra la expareja de Raquel. Sin embargo, el pasado julio, el Juzgado de Carmona resolvió reactivar el proceso al considerar que esa causa ya no justificaba mantener la suspensión.

La familia recurrió la decisión, pero recibió la notificación para que el lanzamiento se llevara a cabo este martes 10 de noviembre. Al igual que de este familia vulnerable, decenas de desahucios se siguen produciendo a diario en España.