“Nos han echado a empujones, ha sido horrible”: El desalojo de Sol pone fin a 38 días de protesta por la vivienda, pero la indignación social continúa

La acampada de Sol en Madrid ha sido desmantelada en plena madrugada, hacia las tres de la mañana, después de 38 días de protesta por el derecho a la vivienda, en un operativo policial que ha terminado con dos detenidos por resistencia. Después de que los portavoces habían anunciado que centrarían sus esfuerzos en los barrios para organizar la huelga general del 11 de noviembre, mientras que el campamento se mantenía como espacio de apoyo y visibilización de las personas en situación de sinhogarismo, 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal de Madrid han desalojado a 334 participantes entre acusaciones de agresiones. La Delegación del Gobierno, por su parte, sostiene que la actuación se ha desarrollado “sin violencia” después de que la protesta perdiera su carácter reivindicativo inicial y derivara en alteraciones del orden público, pese a que a lo largo de estos 38 días de acampada únicamente se ha registrado una detención vinculada a la presunta agresión sexual a una joven.

Los operarios de limpieza del Ayuntamiento ya han desmontado las tiendas de campaña, que serán trasladadas a depósitos municipales para su entrega a quien las reclame, y han retirado lonas, pancartas y otros enseres. En el kilómetro cero de la capital prácticamente ya no hay ni rastro de la “pequeña ciudad” que levantaron el pasado 26 de septiembre numerosas personas movilizadas por la crisis de la vivienda tras una multitudinaria manifestación por el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que había luchado durante años contra un fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones para evitar su desalojo y que finalmente falleció.

La acampada ha reunido toda clase de perfiles, desde jóvenes estudiantes a trabajadores que no pueden independizarse y se ven obligados a compartir casa con más de 40 años, si bien en estos últimos días quienes pernoctaban en la plaza eran principalmente personas sin techo.

La policía ha aplicado “todo tipo de violencia”

Una de ellas es Luz Mila, una mujer colombiana que llegó a España hace más de una década y que lleva cinco años en situación de calle. Explica a Infobae que tiene la nacionalidad española desde 2018, pero que la falta de empadronamiento la mantiene fuera de los recursos de atención. Describe el desalojo de Sol como “algo horrible” y asegura que los agentes de Policía “la sacaron como una delincuente, entre gritos y empujones”, un testimonio que coincide con los que han ofrecido otros acampados, tal y como ha señalado el comunicado de la organización de la protesta, donde señalan que agentes de la policía han “aplicado todo tipo de violencia”.

“Nos han desalojado en plena noche, con una temperatura de 5 grados y con el transporte público cerrado. Menos mal que un chico cubano me ayudó y me ofreció un café caliente”, relata. Tras el operativo, esta mujer de 71 años ha esperado hasta las 7:30 horas para acudir a la iglesia de San Antón, donde al menos ha podido desayunar.

Pese a su edad y ser víctima de violencia de género, además de contar con un informe de extrema vulnerabilidad, asegura que los servicios sociales no le han ofrecido ninguna alternativa y ahora no sabe dónde dormirá: “No interesamos a nadie. Sufrimos violencia institucional”. Luz Mila fue funcionaria en Colombia durante 25 años y hasta ahora ha subsistido con los 200 euros que cobra de pensión, una cantidad con la que apenas puede cubrir sus necesidades básicas y que no le permite alquilar una habitación en Madrid, una de las ciudades con los precios de la vivienda más elevados de España.

Situar la vivienda en el centro del debate público

Aunque el desalojo ha puesto fin a la acampada en la Puerta del Sol, la movilización que surgió de la indignación social y que ha durado más tiempo que la histórica del 15-M en 2011, ha logrado situar las dificultades de la vivienda en el centro del debate público. Tras más de un mes de movilización, los organizadores quieren trasladar esos esfuerzos a los barrios de cara a la huelga general del 11 de noviembre, con la que buscan ampliar el apoyo a sus reivindicaciones.

Entre las demandas relativas a la vivienda reclaman una bajada de precios en los alquileres, freno a los desahucios, vivienda pública y recursos para personas sin hogar, aunque los sindicatos que se han sumado a la jornada de paro también reivindican la subida de salarios, la defensa de los servicios públicos, las pensiones y el reparto de la riqueza.