Nuevas denuncias de palizas a migrantes en Ceuta por parte de militares españoles, pese a la investigación anunciada por Defensa: “Terminé con diez puntos en la cabeza”

Por segunda vez en pocas semanas, Amnistía Internacional denuncia este jueves casos de “tortura y malos tratos” cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas españolas contra personas migrantes en Ceuta, tras la entrada masiva a finales de julio desde Marruecos. La organización, que lo ha documentado gráfica y audiovisualmente a través de partes médicos y testimonios, sostiene que, a pesar del anuncio del Ministerio de Defensa de abrir una investigación tras su primera denuncia a finales de septiembre, las agresiones y abusos no han cesado. En total, desde el 30 de julio, la ONG ha registrado 50 casos de malos tratos y trato cruel.

En esta nueva investigación, Amnistía Internacional informa de “palizas y agresiones frecuentes con puñetazos, patadas, golpes con porras e incluso uso de una pistola táser por parte de militares, generalmente regulares, a personas que se encontraban indefensas durmiendo en la calle”, lo que les ocasionó fracturas, heridas, hematomas en la zona lumbar o brechas en la cabeza, “en zonas muy vulnerables en las que resulta peligroso”. La organización señala que estas agresiones ocurren de noche y “son despertados a golpes”.

Uno de los casos que recogen es el de M., un ciudadano tunecino de 40 años, que explicó que cuatro militares le golpearon mientras dormía junto a tres jóvenes marroquíes en playa Benítez. Los puñetazos que recibió en el rostro, de acuerdo a su relato, le provocaron un hematoma y le afectaron la visión de un ojo durante dos semanas, además de que ya le habían golpeado otra vez. “La primera vez, cuando les vi venir, mis compañeros me dijeron que huyera, pero yo pensaba que no tenía nada que ocultar, así que me quedé. Un soldado rajó mi tienda y me robaron el móvil, la documentación, 50 euros, el tabaco y los teléfonos”.

R., otro migrante y padre de tres hijos, dormía en una carretera cercana al cementerio de Sidi Embarek cuando se despertó por la descarga de una pistola taser apoyada contra su pecho. Recibió varias descargas que lo dejaron aturdido y, al intentar escapar, no se dio cuenta de que aún tenía mantas encima, por lo que tropezó y cayó de bruces. “Nadie me llevó al hospital. Cuando volví a despertar me fui andando, pero no conté lo que había pasado por miedo a preocupar a mi familia”, explica.

En el caso de H., de 27 años, cuenta que el pasado 5 de octubre fue agredido por un grupo de varios militares cerca de un supermercado. “Los militares me llevaron a un callejón sin salida y, cuando comprobaron que nadie miraba, me empezaron a pegar con porras, me daban patadas, puñetazos, y me rociaron con espray pimienta en los ojos y en la cara”. Asegura que también recibió varios de golpes cuando estaba ya tirado en el suelo y que le atendieron miembros de una ONG para después ser trasladado al hospital. “Desde entonces siento temor y procuro no estar cerca de ellos”, añade.

Tras el anuncio del Ministerio de Defensa de la apertura de una investigación, Amnistía Internacional esperaba que los malos tratos contra migrantes cesaran, “pero no ha sido así”, critica la organización. “Son persistentes y muestran la impunidad con la que los perpetradores de violaciones de derechos humanos han actuado y, en algunas ocasiones, siguen actuando”.

Según explica en un comunicado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, los militares señalados por presuntas agresiones continúan en sus puestos, de acuerdo a los testimonios recogidos de personas migrantes, que aseguran haber reconocido a sus agresores y haber recibido amenazas para no relatar ni denunciar los hechos. Además, el miedo a nuevas palizas impide a muchos migrantes dormir durante la noche.

Varios menores entrevistados por la organización también han denunciado abusos por parte de militares. Relataron golpes con porras mientras dormían en la calle, robos y la destrucción de teléfonos móviles, otras pertenencias y documentos de identidad. También mencionaron amenazas de agresión y humillaciones.

De acuerdo al relato de Z., de 17 años, los militares le agredieron dos veces, el 18 y el 23 de octubre. La primera, mientras dormía entre coches en Los Rosales, terminó con diez puntos en la cabeza tras recibir un golpe con la porra. En la segunda los recibió en las piernas mientras escapaba. “Ahora, cuando me ven cojeando, pasan de mí”, contó a Amnistía Internacional aún con miedo.

Según las estimaciones de las organizaciones sociales tras la entrada masiva desde Marruecos, al menos 500 menores migrantes no acompañados continúan en las calles de Ceuta. Las autoridades, en tanto, tienen registrados a más de 3.600 que pernoctan en dispositivos temporales.

Reclaman una investigación exhaustiva e independiente

La investigación también recoge denuncias de tortura y tratos crueles previos al 30 de septiembre. Algunos relatos describen traslados en vehículos militares a lugares apartados, inmovilizaciones con bridas, palizas, humillaciones, amenazas con armas y agresiones físicas, lo que para la ONG son hechos que podrían constituir “crímenes de derecho internacional”. Amnistía Internacional también ha recabado algunos testimonios sobre malos tratos por parte de miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Amnistía Internacional reclama el cese inmediato de la violencia y el hostigamiento, una investigación independiente, imparcial y exhaustiva, la separación cautelar de los militares señalados y garantías de protección para víctimas y testigos. También pide que se permita trabajar sin amenazas ni trabas a periodistas, activistas y entidades humanitarias en Ceuta.

La organización explica que se ha dirigido por carta a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Defensa, pidiendo órdenes expresas para el cese de la violencia contra migrantes en Ceuta, y solicitando información acerca de la investigación anunciada por el Ministerio de Defensa, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento. La ONG asegura que tampoco tiene información sobre si la Fiscalía y los juzgados de Ceuta han iniciado investigaciones por su cuenta ante las denuncias de abusos, tal como recomiendan los estándares internacionales.