
En plena polémica sobre la presión y fatiga en los centros de control ferroviario, los trabajadores que atienden las llamadas de emergencias en Castilla y León se han declarado en huelga indefinida ante la saturación en sus turnos y el recorte de sus plantillas, que desde hace años se encuentran con 15 puestos sin cubrir.
El servicio de atención del 112 no está gestionado por la Junta de Castilla y León, sino que ha ido pasando por varias empresas privadas. En 2021, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta adjudicó un contrato por dos millones y medio de euros a Illunion Emergencias, la misma empresa que asume la vigilancia y seguridad en la estructura ferroviaria de Adif.
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El servicio, según datos del gobierno regional, atiende una media de más de 3.400 llamadas diarias y gestiona más de 800 incidentes al día procedentes de las nueve provincias de la comunidad. Solo en 2025, recibió más de 952.000 llamadas, lo que equivale a una cada 33 segundos.
25 operadores de 40 y un supervisor menos
Las llamadas en las nueve provincias están gestionadas por apenas 25 operadores y 5 supervisores, 15 puestos menos de los servicios que se acordaron en 2022 para poner fin a la anterior huelga. Domingo Largo, operador del centro y portavoz del comité de empresa, explica en una conversación con Infobae que la empresa prometió a los trabajadores y a la Junta una plantilla mínima de 40 operadores y seis supervisores.
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Además, se pactó un sistema de turnos “antiestrés” conocido como ronda ‘seis-cuatro’ (dos turnos de mañanas, dos de tardes, dos de noche; de ocho horas cada uno; y cuatro días de descanso). Este modelo escalonado y rotatorio, explica el trabajador, está diseñado para garantizar que se pudiese atender correctamente la alta demanda de llamadas de la ciudadanía, además de mitigar la fatiga y facilitar la conciliación familiar. Sin embargo, Domingo denuncia el incumplimiento sistemático de dicho acuerdo. “Lo vamos a terminar convirtiendo en un call center donde tendremos que atender muchas llamadas rápido”, lamenta Largo en una conversación con Infobae.
Contratos temporales y de jornada parcial
La empresa reconoció esta falta de personal el pasado junio, en plena campaña de incendios, los mismos que este verano calcinaron cientos de miles de hectáreas y que derivaron en miles de llamadas. Según denuncian los trabajadores, la empresa lleva años instaurando un modelo que se basa en contratos temporales y de jornada parcial (que va de dieciséis o veinte horas semanales), modificando las jornadas según picos puntuales o cubriendo huecos mediante llamamientos voluntarios para hacer horas extras.
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A esta problemática se le suma la falta de experiencia en los perfiles que entran al servicio. “En el centro hacemos un curso de formación al año. El problema es que la empresa, cuando estas personas superan los límites de temporalidad que establece el Estatuto, no les renueva el contrato porque tendría que hacerles fijos. Formamos a la gente y después la perdemos”, lamenta Domingo. “Este trabajo conlleva un estrés evidente, nos falta gente para atender todo esto, y la gente que entra nueva, que no tiene experiencia, el estrés le afecta todavía más”, explica.
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