Redadas en el CETI de Ceuta y devoluciones a Marruecos pese a recursos de asilo pendientes: piden garantías al Gobierno y cunde el temor entre los migrantes

Organizaciones sociales como la Asociación Elín y la Coordinadora de Barrios han denunciado que el pasado 26 de octubre decenas de agentes de la Policía Nacional entraron al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para detener a residentes y ejecutar devoluciones a Marruecos. El operativo, indican en un comunicado, incluyó material antidisturbios y derivó en detenciones de personas que permanecían en el centro a la espera de respuestas sobre sus solicitudes de protección internacional, por lo que reclaman el cese inmediato de unas expulsiones que califican de “ilegales y carentes de garantías”.

Las intervenciones, aseguran los colectivos, continuaron en días posteriores, lo que ha extendido el miedo entre los residentes del CETI.

El principal cuestionamiento apunta al lugar y la forma en que se realizan las entregas a las autoridades marroquíes. Elín y la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes aseguran que las devoluciones se ejecutan por un paso no habilitado, fuera del puesto fronterizo oficial.

Ese mecanismo, aclaran, impide verificar la entrega de cada persona y limita derechos básicos como la posibilidad de presentar alegaciones individuales, el acceso a intérpretes y la tutela judicial efectiva.

También señalan que las personas afectadas incluyen mujeres, personas del colectivo LGTBI y ciudadanos de terceros países, entre ellos Yemen, Senegal, Sudán y Bangladesh. Perfiles que, según advierten, afrontan riesgos de violencia y malos tratos en Marruecos, en especial quienes no tienen nacionalidad marroquí.

Las asociaciones sitúan un episodio previo el viernes 23 de octubre, cuando al menos 16 personas de distintas nacionalidades fueron trasladadas hacia Marruecos y permanecieron durante tres días en una zona fronteriza sin poder entrar en territorio marroquí ni regresar a España, según su relato. El grupo, en el que había personas de Senegal, Togo, Bangladesh, Costa de Marfil, Nigeria y Yemen, pasó tres días sin acceso a comida ni agua, sin información sobre su situación jurídica ni sobre el destino de sus procedimientos de asilo.

El Ministerio del Interior por su parte, sostiene que, de acuerdo con las informaciones conocidas sobre el caso, las personas devueltas no habían presentado recursos dentro de plazo. Las organizaciones lo niegan y afirman que hubo actuaciones pese a procedimientos judiciales aún abiertos.

El caso de Yaseen elevó la disputa con Interior

Uno de los expedientes señalados por las entidades corresponde a Yaseen S. A., ciudadano yemení cuya solicitud de asilo fue denegada. Su defensa había recurrido la decisión y solicitó una medida cautelarísima ante la Audiencia Nacional para evitar su devolución mientras se resolvía el procedimiento.

La abogada del migrante y de otro ciudadano yemení informó de que ambos fueron enviados a Youssoufia, una localidad situada a más de 230 kilómetros al sur de Casablanca, en Marruecos. Según la letrada, fueron privados de dinero y pertenencias, y quedaron bajo custodia de la policía marroquí por una presunta estancia irregular.

La defensa y otros abogados de la Coordinadora de Barrios habían comunicado por escrito a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta y al CETI que no debían ser devueltos porque existía un recurso presentado. También alegaron que la denegación de protección internacional contradecía el criterio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

La Audiencia Nacional acordó el pasado lunes que Yaseen permaneciera en España mientras se resolvía el recurso presentado ante su denegación de asilo. Interior, por su parte, reconoció la devolución, pero niega haber desobedecido al tribunal: sostiene que el plazo terminó el viernes y que la respuesta al recurso llegó el lunes por la tarde, con el migrante ya en Marruecos.

Interior posteriormente reconoció la vigencia de la medida cautelarísima y planteó que el ciudadano yemení se personara en el paso fronterizo para volver a entrar en España, una posibilidad que las entidades sociales consideran inviable, dadas las condiciones en las que se encuentra el hombre en Marruecos, sin dinero ni otros recursos.

Derecho de asilo y el principio de no devolución

Elín y la Coordinadora de Barrios cuestionan que se efectúen detenciones y devoluciones dentro de un recurso de acogida. A su juicio, la presencia policial en el CETI transforma un espacio destinado a atender a personas migrantes en un lugar de temor y puede disuadir a quienes necesiten solicitar asilo o acceder a servicios de protección.

Las asociaciones citan la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y el Reglamento de la Unión Europea 2024/1348, que regula los procedimientos de protección internacional y retorno, y recuerdan que las personas con recursos pendientes deben poder permanecer en España hasta que se resuelva su situación.

También invocan el principio de no devolución, recogido en la Convención de Ginebra de 1951, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que prohíbe retornar a una persona a un país donde pueda afrontar persecución, tortura o riesgos graves para su integridad.

Por todo ello, las organizaciones sociales exigen al Gobierno, al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Ceuta que suspendan las redadas en el CETI y detengan las devoluciones de personas con recursos judiciales pendientes o necesidades de protección. Además, solicitan que cualquier entrega a Marruecos se realice por el puesto fronterizo oficial, con registro documental, asistencia letrada, intérprete y revisión individual de cada expediente.