
Se han cumplido dos meses desde la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta desde Marruecos y sigue sin haber consenso sobre cuántas permanecen en la ciudad autónoma, que aún no ha podido recuperar la normalidad. La tensión social no ha dejado de aumentar mientras numerosos adultos y menores continúan viviendo en las calles, una situación que se agrava con la llegada de las lluvias, pese a que las autoridades ya han alojado a más de 8.000 migrantes en los centros de acogida temporal desplegados. Según datos del Gobierno, cientos de personas regresan cada día de forma voluntaria a Marruecos y, desde el 10 de agosto, el total asciende a 7.794 retornos, mientras que otras 449 personas han sido expulsadas.
En esta última semana se han producido traslados desde las playas de Benítez y Trampolín al centro temporal desplegado en el puerto, mientras que cerca de 30 mujeres y niños que dormían a las puertas de la Hípica han sido realojados en un centro temporal. La Policía Nacional también ha reforzado los operativos especiales para identificar a quienes permanecen en la ciudad con el objetivo de acelerar su salida de Ceuta en los casos en que no puedan solicitar protección internacional.
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A dos meses de la entrada masiva, Amnistía Internacional ha denunciado torturas y vejaciones de militares españoles a migrantes en la ciudad autónoma y advierte que responde a un patrón. En concreto, la ONG atribuye estos abusos a unidades de Regulares y de la Legión después de haber entrevistado a más de 65 personas migrantes y solicitantes de asilo durante una visita realizada del 10 al 15 de septiembre. Entre los testimonios recogidos, 22 personas han atribuido a militares palizas, acoso, humillaciones, robo de dinero y confiscación de teléfonos móviles, sin distinción de edad, condición o género.
Sin identificar y expuestos a abusos
Además, organizaciones humanitarias como Save the Children o la Fundación Raíces se muestran especialmente preocupadas por la situación de los menores migrantes, pues “entre las miles de personas que siguen en la calle hay más de 1.000 niños y niñas de entre 12 y 17 años aún sin identificar, expuestos a situaciones de enorme riesgo y sin un mínimo de seguridad”, y algunos solo acceden a una ración de comida al día “gracias a la sociedad civil, las ONG y Cruz Roja”, critican. Otros menores, alertan, “no duermen, tienen miedo o no pueden acceder siquiera a un inodoro o una ducha, quedando expuestos a todo tipo de abusos”.
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Las organizaciones también critican la “falta de solidaridad” por parte de las comunidades autónomas al rechazar el traslado de los menores a la península. Por ello piden a los ministerios de Juventud e Infancia, Interior e Inclusión que habiliten acogida de emergencia, refuercen la policía y los equipos de protección. “Deben priorizar poner a salvo a los menores antes de identificarlos, agilizar las reagrupaciones familiares y activar traslados obligatorios a la península. Es imposible que Ceuta pueda responder por sí sola a una situación humanitaria de estas dimensiones”, señalan desde la Fundación Raíces.
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular —incluidas aquellas en las que comparte el Ejecutivo con Vox— rechazan acoger menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta porque alegan, principalmente, que el Gobierno central lo impone sin consenso suficiente y sostienen que sus recursos de acogida, personal y financiación son insuficientes. El PP considera que los traslados masivos podrían generar un “efecto llamada” y defiende que debe priorizarse la reunificación de los menores con sus familias en sus países de origen, pese a que las entidades sociales ya han advertido de que muchos de esos menores han huido precisamente de Marruecos debido a la violencia intrafamiliar e incluso matrimonios forzados.
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Pese a las críticas al modelo y a los recursos judiciales anunciados, el PP asume que tendrán que acoger a menores migrantes, aunque mantiene su ofensiva contra el Gobierno y busca mantener la estabilidad con Vox. El partido de Abascal, por su parte, rechaza la acogida de todos los migrantes llegados a Ceuta, tanto adultos como menores, y defiende que regresen a Marruecos.
“No se prioriza el interés del menor”
Hace unos días, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, indicó que los menores ya filiados son 2.300 y estimó que entre 500 y 700 continúan en las calles, una cifra que las organizaciones sociales consideran “totalmente asumible” para las 17 comunidades autónomas, “pero, desafortunadamente, el interés superior del menor sigue sin afirmarse como ese principio básico”.
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“Está habiendo otro tipo de consideraciones que tienen más que ver con partidos y políticas que con el interés superior de cada uno de los niños y las niñas”, dice a Infobae Jennifer Zuppriroli, especialista en infancia y movimiento en Save the Children. Lo más urgente, asegura, es aliviar el sistema de protección de Ceuta, pues las comunidades autónomas “tienen capacidad para dar acogida a estos menores” y desde allí realizar todos los procedimientos que se consideran necesarios, añade la experta.
“Las autonomías tienen capacidad, es una cuestión de coordinar esfuerzos, de ser corresponsables y entre todos arrimar el hombro para buscar una solución conjunta para la atención adecuada a estos niños y niñas”, sostiene Zuppriroli, que asegura que la prioridad debería ser garantizar que los menores estén en centros adecuados, reciban una evaluación individual y accedan a la atención que requiera cada caso. Los procedimientos administrativos, incluida una eventual reunificación familiar en otro país europeo o en Marruecos, pueden tramitarse después del traslado, aclara.
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Crisis económica y turística
La llegada masiva también tiene efectos fuera del sistema de acogida. La Confederación de Empresarios de Ceuta ha advertido que la crisis afecta a la actividad económica y turística de la ciudad, al deteriorar su imagen como destino y centro comercial. Asimismo, se han cancelado numerosas citas culturales y festivas, la principal de ellas las fiestas patronales que estaban previstas para los primeros días de agosto, así como el tradicional Mercado Medieval o la Feria de Música Antigua, entre otros.
El impacto de la crisis también se ha trasladado al plano institucional. El 28 de septiembre presentó su renuncia el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que atribuyó su decisión al desgaste político y denunció una campaña de insultos en su contra.
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