La degradación en la red de alta velocidad en el tramo entre Madrid y Andalucía vuelve al foco de la opinión pública tras este nuevo episodio trágico en Toledo, el segundo en menos de un año en esta misma vía junto con el de Adamuz. Mientras el Gobierno culpa a un trabajador como el único responsable, maquinistas y ferroviarios han salido al paso para denunciar que el tramo afectado por el choque acumula nueve fallos de señalización desde 2024.
Varios de esos fallos tienen que ver con el robo de cableado eléctrico y de los equipos de señalización y telecomunicaciones, elementos que son necesarios para gestionar el tráfico ferroviario a través del sistema LZB. Un informe de Adif publicado el pasado mes de junio advirtió de 409 denuncias por vandalismo en toda la red ferroviaria en apenas seis meses, un dato que superó a los balances anuales desde 2018. Tras una caída entre 2018 y 2020 —cuando el número de denuncias pasó de 206 a un mínimo de 121—, la tendencia se invirtió en 2021, con 279 denuncias. La cifra ascendió a 392 en 2022, descendió a 360 en 2023 y a 345 en 2024. En 2025 se alcanzó el máximo del periodo, mientras que en los primeros seis meses de 2026 ya se registró una cifra muy próxima a la del año anterior.
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Desde la compañía ferroviaria señalan que la red de alta velocidad cuenta con cámaras de seguridad, vallado metálico, vigilancia privada y el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero aun así, lamentan, existen tramos especialmente “sensibles” por su aislamiento respecto de los núcleos urbanos.
Francisco Badea, experto de Certificación Ferroviaria y profesor de la Universidad de Nebrija, ha detallado que las líneas de alta velocidad resultan muy atractivas para los ladrones debido a la presencia de cientos de kilómetros de cableado, tanto de alta como de baja tensión. Asimismo, señala que para el administrador de infraestructuras resulta “materialmente inviable” blindar o vigilar de forma continua miles de kilómetros de trazado y vallado, especialmente en puntos de difícil acceso o remotos donde las labores de mantenimiento también son complejas. “Lo mucho que puedes ver es que hay una cámara y en la cámara se está viendo a una persona que evidentemente no viene con el rostro descubierto”, afirma.
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Uno de los puntos sensibles de la línea Madrid-Sevilla se sitúa entre las localidades toledanas de Manzaneque y Los Yébenes. Este año, las interrupciones del servicio en estos tramos se repitieron en los meses de verano. En apenas tres meses, varios de los errores en la conexión del sistema de control fueron por robos. Adif publicó tres avisos por fallos de señalización atribuidos al robo de cable en distintos tramos de la red. El 7 de julio de 2026 informó de una incidencia entre Urda y Malagón. Antes, los días 11 y 12 de junio, comunicó dos fallos de señalización por la misma causa en el tramo Urda-Mora y Orgaz. 37 kilómetros del cableado sustraído se encontraron meses después en varias chatarrerías toledanas, tras una serie de inspecciones realizadas por la Guardia Civil.
Especialmente crítica fue la situación en 2025, cuando se llegaron a producir cinco robos simultáneos en un radio de apenas 10 kilómetros (puntos 92-850, 93-600, 101-400 y 102-200) en el mes de mayo, que obligaron a interrumpir la circulación durante horas y dejaron a miles de personas varadas en Atocha. “Cuando sube el precio del cobre, roban más”, resume un portavoz de Adif en una conversación con Infobae.
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En el tramo Urda-Mora-Orgaz, en Castilla-La Mancha, la vigilancia privada de Adif y Adif Alta Velocidad corresponde a la empresa Ilunion Seguridad. Adif licitó el contrato por importe de 189,5 millones de euros para gestionar el servicio entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2027.
Badea resalta que, en los casos de sustracción de cableado, la infraestructura cuenta con mecanismos redundantes y fiables, como el histórico sistema de corrientes en vía, que data de hace 150 años, que evitaría accidentes graves impidiendo que los trenes avancen a ciegas. “Si se roba un cable, son sistemas que ante fallos paran los trenes”, explica.
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La ley para castigar a los ladrones que no llegó a tiempo por el adelanto electoral
Como consecuencia de la oleada de robos, la compañía pública reforzó la vigilancia en estos sectores enviando dos patrullas adicionales. Al mismo tiempo, el titular de Transportes, Óscar Puente, anunció que su cartera propondría una modificación del Código Penal para endurecer las penas contra los autores de los robos. En concreto, propuso una reforma del artículo 240, relativo a hurtos contra infraestructuras, para ampliar las penas hasta dos años contra los autores de robos en la infraestructura.
El Iryo avisó de una pérdida de transmisión y quedó detenido ante la señal de Urda.
La propuesta estaba en fase de redacción para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros. Pero la medida nunca salió del ministerio. El adelanto electoral convocado por el presidente del Gobierno hizo encallar a esta ley, que corrió el mismo destino que otros muchos proyectos de la legislatura.
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