Heredan de su padre un hotel rural y la hermana cambia todas las cerraduras: el hermano demanda, pero pierde el juicio porque los obreros que hicieron la reforma no le reconocían

La Audiencia Provincial de Zamora confirmó el rechazo a la demanda de Gumersindo, un hombre que acusó a su hermana, Susana, de haberlo dejado fuera de tres apartamentos de un hotel rural en Puebla de Sanabria tras la muerte de su padre. El tribunal concluyó que no demostró que tuviera la posesión efectiva de los inmuebles cuando se cambiaron las cerraduras.

El conflicto comenzó después del fallecimiento del padre de ambos, en agosto de 2022. Gumersindo sostuvo que, el 5 de noviembre de ese año, su hermana sustituyó las cerraduras del portal, de diez habitaciones hoteleras y de un cuarto con los termos que abastecían de agua caliente al edificio. Según su versión, esa decisión le impidió seguir usando tres apartamentos.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la Audiencia Provincial de Zamora ratificó ese fallo el 21 de septiembre de 2026. La clave no estuvo en determinar quién tenía mejor derecho de propiedad sobre el inmueble, sino en comprobar quién lo ocupaba y controlaba de hecho antes del supuesto desalojo.

Los testigos cuestionaron su posesión

Gumersindo acudió a un procedimiento destinado a proteger de forma rápida a quien ha sido privado de la posesión de un bien. En términos sencillos, esta vía judicial sirve para recuperar una vivienda, un local o cualquier otro inmueble si alguien expulsa a quien realmente lo utilizaba, aunque todavía exista una discusión pendiente sobre la propiedad.

Para ganar, el demandante debía acreditar que manejaba los apartamentos de forma efectiva en noviembre de 2022. Podía probarlo, por ejemplo, mediante llaves, contratos de alquiler, cobros, uso habitual del espacio o decisiones sobre su mantenimiento. La Audiencia entendió que no aportó pruebas suficientes. Es más, consideró que varios de los testimonios presentados por él apuntaban en dirección contraria.

La declaración de los trabajadores tuvo peso en la decisión. Los testigos propuestos por el propio demandante —un fontanero, un electricista, el operario que cubrió la terraza y quien instaló las ventanas— coincidieron en un punto: el padre de los dos hermanos encargó y pagó las obras realizadas en el edificio.

Esa versión debilitó la tesis de Gumersindo, que aseguraba haber ejercido la posesión directa de los apartamentos desde 2016. Si el padre se ocupaba de contratar y abonar los trabajos, el tribunal no vio acreditado que el hijo dirigiera o controlara realmente el inmueble. El representante de la empresa que equipó las diez habitaciones con ropa de cama y cortinas aportó otro dato relevante. Declaró que Susana eligió y pagó esos suministros, y añadió que ni siquiera conocía al demandante.

La sala también examinó el caso de uno de los apartamentos. Ese piso estuvo alquilado a un tercero hasta noviembre de 2022, precisamente el mes en que se produjo el cambio de cerraduras. Para los magistrados, esa circunstancia impedía sostener que Gumersindo tuviera el control material de esa vivienda en el momento en que afirmó haber sido despojado de ella.

Otro testigo de la demandada relató que el hombre le pidió que cambiara a su nombre facturas que figuraban a nombre de Susana. La Audiencia consideró que ese dato no reforzaba la versión del demandante. Al contrario, señaló que permitía cuestionar el valor de los presupuestos y facturas aportados en el procedimiento.

Las licencias no probaron que controlara los apartamentos

Gumersindo presentó varios documentos a su nombre: licencias de obra, proyectos técnicos, declaraciones responsables, una comunicación ambiental de junio de 2022, una póliza de seguro de julio de ese año y un proyecto de reforma eléctrica fechado en 2019 y visado en 2020.

El tribunal explicó que esa documentación podía servir como indicio, pero no demostraba por sí sola que el demandante tuviera los apartamentos bajo su control. Una licencia municipal autoriza una obra, pero no decide quién posee una vivienda ni quién es su propietario. Lo mismo ocurre con los proyectos de arquitectos o ingenieros: acreditan que existió una previsión técnica, no quién ejecutó, pagó o dirigió los trabajos.

La Audiencia citó una sentencia del Tribunal Supremo que establece que la concesión de una licencia de obras se otorga sin perjuicio de los derechos de terceros. Dicho de otro modo, que una persona tramite una licencia no significa automáticamente que tenga el control del edificio.

Los magistrados añadieron que parte de la documentación podía referirse a otro inmueble situado en la misma calle. Gumersindo explota un hostal en el número 3, mientras que los apartamentos discutidos están en el número 7. Esa coincidencia de direcciones restó fuerza a las facturas y otros documentos que presentó.

Los recibos y la herencia no cambiaron el fallo

En la apelación, el demandante sostuvo que su padre le había transmitido la posesión de los apartamentos desde octubre de 2018. Para sostenerlo, citó cambios en la tasa de basuras, contratos de electricidad, licencias y la póliza de seguro.

La Audiencia rechazó esa interpretación. Explicó que un cambio de titular en un recibo, una tasa municipal o un contrato de suministro solo modifica la relación con el Ayuntamiento o con la compañía eléctrica. No prueba que alguien haya tomado físicamente el control de una vivienda.

El Código Civil exige algún acto material que refleje ese poder sobre el inmueble, como ocuparlo, administrarlo o disponer de él en la práctica. Según la sentencia, ninguno de los documentos aportados por Gumersindo acreditó esa situación. El demandante introdujo además otro argumento durante la apelación: afirmó que, como heredero de su padre, podía reclamar la posesión que este hubiera tenido antes de morir.

La sala respondió que ese planteamiento no figuraba en la demanda inicial, que se basaba en una posesión propia y directa. Por eso, no podía incorporarse después como un argumento nuevo para cambiar la base del caso.

Además, la Audiencia señaló que los tres apartamentos habían sido adquiridos por Susana mediante compraventas formalizadas en 2018, cuando el padre aún vivía. Por esa razón, no integraban la herencia y Gumersindo no podía reclamar una supuesta posesión hereditaria sobre ellos. El tribunal también confirmó la condena en costas de la primera instancia y añadió las correspondientes a la apelación.