Iustitia Europa ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda también los efectos electorales de los nacionalizados por la llamada ‘ley de nietos’ que figuran en el Anexo III de la instrucción de 25 de octubre de 2022. El partido político presidido por Luis María Pardo pretende extender así las medidas cautelares que ya afectan a 163.020 electores del extranjero a los hijos mayores de edad de quienes adquirieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática o de la anterior Ley de Memoria Histórica.
La formación mueve ahora ficha para tratar de cerrar esa brecha, señalada por el diario El Mundo este lunes, y reclama que se identifique a este colectivo. Solicita, además, que los sufragios puedan recibirse, pero permanezcan separados y bajo custodia, sin incorporarse al escrutinio hasta que concluya la comprobación de la situación electoral de cada afectado.
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Una petición que va más allá de los hijos de los 163.020 afectados
La iniciativa se apoya en la relación entre las distintas vías de acceso a la nacionalidad que contempla la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, firmada por Sofía Puente. En concreto, el apartado 1.b) reconoce el derecho de opción a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes se les hubiera reconocido previamente la nacionalidad española de origen al amparo de esa misma disposición o de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica.
Según los datos administrativos que recoge el escrito, a 31 de julio de 2026 constaban 189.678 inscripciones practicadas por esta vía. A 31 de agosto, el Gobierno cifraba en 195.872 las nacionalidades concedidas conforme al Anexo III, además de otras 134.405 solicitudes aprobadas que estaban pendientes de inscripción. Estas cifras, sin embargo, no permiten conocer cuántos de esos ciudadanos están incorporados al censo electoral que se utilizará en las elecciones del 29-N ni cuántos son hijos de personas afectadas por la suspensión cautelar. Tampoco significa que todos los nacionalizados por esta vía tengan cuestionada su situación.
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De hecho, el propio Iustitia Europa reconoce en su escrito que la inclusión en el Anexo III no permite dar por acreditada, por sí sola, la existencia de una irregularidad. La formación sostiene que es necesario reconstruir documentalmente la relación entre progenitores e hijos y comprobar por qué vía adquirió la nacionalidad cada uno.
Aunque su petición principal abarca a la totalidad de los electores del Anexo III incorporados al CERA, el partido plantea subsidiariamente una medida más limitada: suspender los efectos electorales de aquellos cuyo progenitor se encuentre comprendido en las cautelares anteriores, además de determinados supuestos en los que la Administración no haya podido determinar a tiempo el antecedente jurídico de la nacionalidad.
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La instrucción que amplió el alcance de la ley
La controversia se remonta a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que abrió una vía para que los descendientes de españoles exiliados pudieran optar a la nacionalidad española. El conflicto judicial se centra especialmente en la instrucción firmada el 25 de octubre de 2022 por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que estableció una presunción de exilio para los españoles que hubieran abandonado el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, siempre que acreditaran su salida mediante la documentación prevista.
Iustitia Europa y Vox recurrieron ante el Supremo al considerar que la interpretación administrativa podía exceder los supuestos contemplados por la ley y permitir el reconocimiento de nacionalidades sin acreditar las circunstancias exigidas para acogerse a ella.
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La Sala Tercera acordó en septiembre medidas cautelares sobre las inscripciones censales vinculadas al colectivo afectado. La suspensión alcanza tanto a determinadas nuevas inscripciones como a los efectos electorales de quienes ya figuraban en el censo, con las excepciones previstas judicialmente para quienes acrediten las condiciones establecidas por el tribunal.
El Supremo mantuvo las cautelares frente al recurso del Gobierno y defendió la necesidad de preservar la fiabilidad del censo electoral, mientras que la Abogacía del Estado advirtió de las dificultades materiales para identificar a los afectados en el plazo disponible.
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