El Gobierno trabaja a contrarreloj para evitar la multa del Supremo y entregar las listas de los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: refuerza su personal en los consulados

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha reforzado el personal en los consulados españoles y suspendido permisos y vacaciones para remitir al Tribunal Supremo la relación de personas afectadas por la suspensión del voto vinculada con la llamada ‘ley de nietos’, según ha informado este sábado la Agencia EFE.

La cartera que dirige José Manuel Albares debe entregar los datos antes de las 15.00 del 28 de octubre. Si no cumple, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo podrá imponer una multa coercitiva o trasladar el caso para exigir eventuales responsabilidades penales. Por ello, el Ejecutivo ha movilizado a personal de las Embajadas y ha autorizado todas las peticiones de refuerzo planteadas por los consulados. También ha ordenado que continúen con la revisión de expedientes durante el fin de semana, según las fuentes de Exteriores consultadas por EFE.

El requerimiento judicial alcanza a 163.020 personas inscritas en el Centro de Residentes Ausentes (CERA) y afectadas por la suspensión cautelar de su derecho a voto. El Tribunal Supremo pidió que la relación nominal llegue también a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral. El objetivo es definir quiénes podrán participar en las elecciones previstas para el 29 de noviembre.

La medida afecta a nacionalizados por la ley de nietos que figuran en el CERA de manera provisional. Solo podrán votar quienes obtengan una certificación consular que acredite su condición de hijos o nietos de exiliados, de acuerdo con las resoluciones judiciales recogidas por la agencia. La Sala sostuvo que esa lista resulta necesaria para la elaboración del censo. “Esta relación nominal que, incomprensiblemente para esta Sala, no ha sido facilitada aún, es fundamental para la correcta conformación del Censo Electoral de referencia”, señala el tribunal en uno de sus autos.

Los magistrados cuestionaron que la Administración no hubiera remitido todavía las identidades, pese a que había tramitado los expedientes de los afectados. “Puesto que la Administración conoce perfectamente, porque ha tramitado y resuelto estos expedientes, la identidad de todas estas personas, no se acierta a adivinar cuáles puedan ser las razones por las que no se haya facilitado a esta Sala la relación nominal de los electores”, ha indicado la Sala.

Exteriores ordena prioridad absoluta para cumplir el plazo

Las fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores afirmaron a EFE que los consulados recibieron una instrucción expresa tras la notificación de los autos judiciales. “Se le ha trasladado a todos los consulados que es imperativo que entreguen los datos solicitados para cumplir con el plazo”, señalaron esas fuentes.

El Ministerio también calificó la tarea como “urgente y prioritaria”. La revisión de los expedientes ya había avanzado sobre 31.390 casos. De ese conjunto, los consulados emitieron 91 certificados para personas que acreditaron ser descendientes de exiliados. Los restantes expedientes revisados no contarían con la documentación necesaria para ejercer el voto, conforme a las medidas cautelares del alto tribunal.

La advertencia judicial establece que, si la información no llega dentro del plazo fijado, podrá aplicarse una multa por incumplimiento. La Sala también dejó abierta la posibilidad de reiterar esa sanción hasta que se ejecute su resolución. El tribunal añadió que los afectados “pueden verse imposibilitados finalmente del ejercicio de su derecho al voto por la propia inacción de la Administración”.