El consejero de Presidencia de Ceuta alertó de una posible avalancha migratoria dos semanas antes de la entrada masiva e Interior lo consideró “un verano más”

El consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Ramón Gaitán, ha asegurado este martes ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que había advertido a la Secretaría de Estado de Seguridad de la posibilidad de que las entradas de inmigrantes aumentaran durante los días previos a la crisis migratoria de finales de julio. El responsable del Gobierno de Juan Jesús Vivas sostiene que trasladó su preocupación directamente a la secretaria de Estado, Aina Calvo, dos semanas antes de la entrada masiva de personas desde Marruecos y que, pese a ello, la situación no recibió la importancia que merecía.

Según fuentes jurídicas, Gaitán ha relatado durante su declaración como testigo que mantuvo una reunión con Calvo el 16 de julio para advertirle del riesgo de una avalancha migratoria. De acuerdo con su versión, la alto cargo valoró los datos que le presentó como una situación propia de “un verano más”, en una ciudad acostumbrada a soportar una presión migratoria sostenida.

Un primer aviso el 16 de julio y un nuevo contacto diez días después

La primera advertencia que el consejero sitúa ante la jueza se produjo el 16 de julio, durante su encuentro con la secretaria de Estado de Seguridad. En esa reunión, según su relato, le trasladó su inquietud por la evolución de las llegadas y la posibilidad de que el fenómeno fuera a más en los días siguientes. El encuentro no se habría traducido en medidas concretas, siempre de acuerdo con la versión del testigo.

Gaitán volvió a contactar con Calvo el 26 de julio, esta vez a través de WhatsApp. El consejero le comunicó que la situación se estaba complicando. Según fuentes jurídicas, la respuesta que recibió fue que en el Ministerio eran conscientes de lo que estaba ocurriendo y que estaban trabajando en ello.

Los contactos se prolongaron durante las jornadas siguientes. El responsable de Presidencia y Gobernación ha explicado que se produjeron nuevas comunicaciones y reuniones con distintos departamentos de la Administración central, incluida Presidencia del Gobierno. En los encuentros de los días 27 y 28 de julio, la Ciudad Autónoma pidió un refuerzo de efectivos para hacer frente a la presión migratoria.

Interior rechazó instalar una barrera de boyas con redes sumergidas

Los tres consejeros del Gobierno de Ceuta que han declarado este martes ante la jueza le han trasladado que el Ejecutivo central descartó la posibilidad de instalar una barrera de boyas con redes bajo el agua para frenar las entradas a nado desde Marruecos. Según los testimonios de los responsables autonómicos, la propuesta no salió adelante por el riesgo de que los migrantes quedaran atrapados en la estructura. La medida pretendía reforzar la contención en el entorno del Tarajal, uno de los puntos por los que se produjo la entrada masiva del 30 de julio.

La cuestión resulta especialmente relevante por el momento en el que se planteó la instalación de elementos físicos en la frontera marítima. El Tribunal Supremo dictó el 8 de julio una sentencia que impedía aplicar el rechazo en frontera a las personas que accedían a nado a Ceuta, al no existir un elemento de contención física que permitiera encajar esos cruces en el procedimiento previsto para las entradas irregulares. Al día siguiente, el 9 de julio, Interior ya contemplaba colocar una barrera flotante para prolongar en el mar el espigón fronterizo del Tarajal.

La instalación de este tipo de elementos, de hecho, llevaba semanas sobre la mesa. Sobre el 9 de julio Interior comenzó a estudiar una barrera flotante que prolongara el espigón y sirviera como elemento disuasorio. La estructura contemplada inicialmente sobresaldría entre 30 y 70 centímetros del agua y tendría una parte sumergida de hasta un metro. Pese a ello, los trabajos no arrancaron hasta el 1 de agosto, cuando ya se había producido la entrada masiva.

La cuestión de los medios de contención volvió a aparecer en las comunicaciones de los días previos a la crisis. Según la documentación del CNI, el 28 de julio el Gobierno consultó al Tribunal Supremo qué podía considerarse un elemento de contención fronterizo y si ese concepto podía incluir unas boyas que delimitaran la frontera marítima. La duda tenía una implicación directa sobre el procedimiento que podían aplicar los agentes a quienes intentaran acceder a la ciudad a nado.

Finalmente, Interior anunció el 1 de agosto el comienzo de la instalación de una barrera neumática de 500 metros en el espigón del Tarajal, combinada con una primera línea de boyas de contención proporcionadas por la Armada. El dispositivo se desplegó después de los hechos y tenía como objetivo dificultar el acceso a la playa y dar cumplimiento a la sentencia del Supremo. La diferencia entre esa infraestructura y la alternativa con redes sumergidas a la que se han referido los consejeros será relevante para precisar qué propuesta se descartó, cuándo se hizo y qué motivos se dieron para ello.