La Guardia Civil compra por 2,5 millones un sistema para acceder a los móviles de personas que puedan tener información clave en una investigación

La Guardia Civil ha formalizado la compra de un sistema destinado a realizar registros remotos en teléfonos móviles y otros dispositivos informáticos. El contrato, adjudicado por más de dos millones de euros (en torno a 2,5 con impuestos) permitirá desplegar software en terminales con sistemas operativos Android e iOS para acceder a los contenidos y comunicaciones almacenados o gestionados desde esos aparatos, según recoge el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado lunes.

No concreta el modelo comercial del sistema, sus capacidades técnicas detalladas ni el tipo de información concreta a la que podrá acceder. Sí especifica que deberá tener capacidad para alojar software en móviles Android e iOS y permitir un “acceso transparente” a los contenidos de los dispositivos y a sus comunicaciones. El documento define el suministro como “un sistema de registro y despliegue rápido” para llevar a cabo “registros remotos informáticos de dispositivos móviles dentro de la LECrim (la Ley de Enjuiciamiento Criminal)”.

Esta norma regula, entre otras materias, la investigación tecnológica y los requisitos judiciales necesarios para poder acceder a dispositivos y comunicaciones en investigaciones penales llevadas a cabo por el Instituto Armado. La adquisición corresponde a la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil y fue adjudicada el pasado 26 de marzo a la compañía Fortier Europe, con sede en Boadilla del Monte, Madrid.

La compra se ha realizado mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Esta fórmula permite a la Administración contratar sin una convocatoria pública abierta cuando se dan determinadas circunstancias previstas en la legislación de contratos públicos. En este caso, la Guardia Civil justifica el procedimiento por la existencia de un proveedor único debido a la protección de derechos exclusivos. El expediente recibió una sola oferta, presentada por Fortier Europe. El contrato prevé la entrega principal de los suministros en la Comunidad de Madrid, aunque el anuncio no detalla el lugar concreto de instalación ni las unidades operativas que utilizarán el equipo.

Registros remotos bajo control judicial

La ley española permite a las autoridades acceder de forma remota a equipos informáticos, pero exige una autorización judicial. Esta medida solo puede aplicarse dentro de una investigación penal y debe estar justificada: tiene que ser necesaria y guardar relación con el caso. Los teléfonos móviles contienen mucha información personal, como mensajes, fotos, archivos, contactos, ubicaciones, aplicaciones y datos de servicios digitales. Por ese motivo, el acceso a estos dispositivos es una de las medidas más delicadas en las investigaciones tecnológicas y cuenta con garantías legales específicas.

El anuncio publicado en BOE solo informa de que se formalizó un contrato público. No menciona investigaciones concretas ni explica cómo se utilizará el sistema adquirido. Tampoco precisa si permitirá acceder a datos en tiempo real, recuperar información guardada o intervenir comunicaciones. Solo incluye una descripción general del objeto de la licitación. Quienes quieran recurrir la adjudicación pueden presentar un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, como indica el anuncio. El BOE señala que este recurso debe presentarse dentro de los plazos previstos por la Ley de Contratos del Sector Público.