El enfrentamiento entre Marlaska y las asociaciones de la Guardia Civil: exigencias de dimisión por la “desidia y el abandono”, mientras el ministro denuncia un “sesgo político”

El ministro del Interior tiene varios frentes abiertos en su contra. Acusaciones de parlamentarios de la derecha, comunicados de asociaciones y manifestaciones en las calles complican la posición de Fernando Grande-Marlaska, que trata de defender su labor. En las últimas semanas, distintos casos han mostrado una imagen de debilidad de las fuerzas de seguridad ante diversas organizaciones criminales, lo que ha volcado las miradas hacia el antiguo juez.

A las imágenes de narcolanchas entrando por el río Guadalquivir o atracadas en puertos de Cádiz, se ha sumado el resultado del informe de la misión de eurodiputados que investigó el asesinato de los dos guardias civiles de Barbate. Los políticos concluyeron que Marlaska “obstruyó” las indagaciones y lo señalan como responsable de la falta de recursos.

Algunas figuras de la oposición no tardaron en utilizar el informe contra el ministro. Esta última semana, Marlaska ha tenido que responder a reclamaciones en el Senado y el Congreso. Más allá de la política, han llegado críticas por parte de distintos grupos que representan a los agentes. Uno de ellos es Jucil (Asociación de Justicia para la Guardia Civil), que ha asegurado a Infobae España que el ministro es el “responsable directo de la desidia” del cuerpo.

“Desidia y abandono”

La asociación JUCIL tiene clara su postura oficial respecto a Grande-Marlaska. Lo consideran el responsable directo de la “desidia en la lucha contra el narcotráfico”. Además, aseguran no se basan en su opinión, sino que “lo dice Europa, lo dice la Fiscalía y lo dicen todos los que trabajamos cada día en el terreno”. JUCIL denuncia la falta de recursos, asegurando que “sin embarcaciones rápidas suficientes, sin armas largas autorizadas en todas las comandancias afectadas y sin el refuerzo de personal imprescindible”, la situación seguirá siendo muy peligrosa.

JUCIL lleva años enfrentándose al Gobierno de Pedro Sánchez y reclamando mejoras laborales para los guardias civiles. Ahora acusan a Marlaska de dejar a los agentes en peligro “frente a organizaciones criminales cada vez más violentas, cada vez más armadas y cada vez más asentadas en Andalucía y en todo el litoral español”. La lucha contra el narcotráfico es uno de los focos de seguridad más relevantes de España, y los últimos acontecimientos, como el caso del agente que recibió un disparo en Sevilla hace dos semanas, no reflejan un buen momento para las fuerzas oficiales.

La tesis de este organismo la comparten en la oposición. Durante un debate parlamentario, Ignacio Gil Lázaro, diputado de Vox, acusó al Gobierno de “abandono” a la Guardia Civil y la Policía Nacional. El parlamentario advirtió sobre el incremento de las agresiones a agentes y subrayó que “agredir a un policía o guardia civil sale casi gratis”. También criticó la decisión de suprimir OCON-Sur, unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía. El informe llegado de Europa coincide en este último punto, pidiendo que vuelva a formarse esta unidad.

Marlaska señala el “sesgo político”

Marlaska defendió su gestión en materia de seguridad y cuestionó las críticas de Vox en el Congreso. El ministro acusó al partido de “crear una falsa sensación de inseguridad para que los españoles demanden políticas autoritarias”. Destacó el incremento de recursos y efectivos para la Guardia Civil y la Policía Nacional, y calificó como “razonablemente positivo” el balance de la estrategia del Gobierno en seguridad.

Durante su intervención, rechazó el informe de los eurodiputados sobre Barbate, asegurando que contiene un claro “sesgo político”, al estar encabezado, según el ministro, por partidos del Grupo Popular Europeo y la extrema derecha. Marlaska criticó el “juego sucio partidista” y defendió el trabajo de las fuerzas de seguridad como muestra de la eficacia de su política.

Hace algo más de una semana, Marlaska confirmó el inicio de una nueva fase del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, destinado a reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el Estrecho. El anuncio coincidió con convocatorias de protestas por parte de organizaciones policiales.