La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, planteó en una entrevista con el diario ABC publicada este domingo un cambio de rumbo radical para el papel del Estado en el tejido empresarial español: si Alberto Núñez Feijóo llega a Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre, el futuro gobierno limitaría la presencia pública en el capital de empresas privadas a tres ámbitos concretos: defensa, seguridad nacional y servicios públicos esenciales. Es decir, apuesta por la privatización. La fórmula, ya tiene un antecedente reciente a miles de kilómetros de distancia: el programa de desnacionalizaciones impulsado por Javier Milei en Argentina, la conocida como Ley de Bases.

“Consideramos injustificada la presencia pública en sectores donde existe competencia privada”, afirmó Nadal en declaraciones al citado diario. Según el dirigente popular, la función de las empresas públicas o la presencia del Estado en compañías de capital mayoritariamente privado solo se justifica “cuando hay una relación con el sector de la Defensa y la Seguridad Nacional, o porque se presta un servicio público esencial que tiene que estar en manos o bajo control del Estado”. Como ejemplo de esta última categoría mencionó Red Eléctrica, el operador de la red eléctrica nacional.

Queda en duda si se incluye a Correos —no se menciona en la entrevista—, que presta el servicio postal universal, una obligación establecida por ley que garantiza el reparto de correspondencia en todo el país, incluidas zonas rurales o de baja densidad donde la actividad no sería rentable para un operador puramente comercial. Bajo esta lógica, y pese a tener competidores como SEUR, MRW o DHL, encajaría en la categoría de “servicio público esencial” que Nadal menciona como excepción, de forma similar a como cita el caso de Red Eléctrica. Sin embargo, no hizo mención sobre esta empresa que el PP ha puesto en duda en los procesos electorales y sobre la que Isabel Díaz Ayuso ha alimentado el fraude del voto por correo.

Los casos de Telefónica e Indra

Al PP el caso que más le indigna es el de Telefónica. Recordemos que esta empresa se privatizó de forma progresiva entre 1995 y 1999, durante el mandato de José María Aznar. Y el 20 de diciembre de 2023, el Estado volvió al capital de la compañía, cuando el Consejo de Ministros ordenó a la SEPI la adquisición de hasta un 10%. Para Nadal, esa intervención fue “injustificada”, dado que la compañía compite con operadores como Orange, Vodafone o MásMóvil.

El episodio más destacable para Nadal se produjo el 17 de enero de 2025, cuando Presidencia del Gobierno llamó a la Moncloa a José María Álvarez-Pallete, entonces presidente ejecutivo de Telefónica, para comunicarle su cese y colocar en su lugar a Marc Murtra, hasta ese momento presidente de Indra. La operación se completó después de que el Ejecutivo creara un nuevo capítulo presupuestario para dotar los 2.285 millones de euros necesarios para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tomara una participación del 10% en la operadora.

El Gobierno también reforzó su posición en Indra con el objetivo de ganar peso en el sector industrial de la defensa, entró en el capital de Talgo tras vetar varias opciones privadas de compra y tomó posiciones en Duro Felguera con la intención de dar estabilidad a un proyecto empresarial que, cinco años después, continúa sin resolverse. A esto se suma la decisión de posponer la venta de la participación estatal en CaixaBank y la oposición del Ejecutivo a la fusión entre Sabadell y BBVA.

“Hay que preguntar qué es y qué no debe ser una empresa pública, y en nuestra opinión una empresa pública solo puede ser aquella que por su naturaleza cumple una función que es de interés público”, sostuvo Nadal en la misma entrevista. El vicesecretario de Economía adelantó además que, de llegar al Gobierno, el PP cambiaría el perfil de las personas designadas al frente de las empresas públicas del grupo SEPI, aunque aclaró que no modificaría el sistema de nombramientos regulado por ley.

Las empresas españolas que podrían verse afectadas

La revisión planteada por el PP pone en el punto de mira un conjunto amplio de participaciones estatales, que se dividen en dos categorías: posiciones minoritarias en empresas cotizadas y compañías de propiedad íntegra o mayoritaria del Estado.

Entre las participaciones minoritarias en cotizadas, gestionadas principalmente por la SEPI, figuran Telefónica (10%), Indra (27,99%), Redeia (20%), Enagás (5%), Airbus (4,12%), Ebro Foods (10,36%), Talgo (7,8%), IAG (2,52%), Enresa (20%) e Hispasat (10,32%). A través de otros vehículos, el Estado controla también el 51% de Aena mediante Enaire, el gestor público de la navegación aérea, y el 18,1% de CaixaBank mediante BFA Tenedora de Acciones, bajo el Ministerio de Economía. El valor conjunto de las participaciones del Estado en el Ibex 35 y en el mercado continuo ronda los 50.000 millones de euros, según cálculos del diario Expansión.

A ese grupo se añaden las empresas de propiedad estatal plena, que no cotizan en bolsa y forman el núcleo histórico del sector público empresarial. La SEPI posee el 100% de ocho compañías: Correos, Navantia, RTVE, la Agencia EFE, Hunosa, Mayasa, Sepides y Cofivacasa. A ellas se suman otras sociedades mayoritarias o controladas, como Tragsa, Enusa, Ensa, Mercasa, Cetarsa y Saeca, esta última con una participación del 20% según su propio registro de empresas participadas.

Desde el PP defienden que la posición del partido sobre este asunto no implica que exista todavía una decisión firme de vender participaciones en empresas como Telefónica, Duro Felguera, Talgo o CaixaBank si Feijóo forma gobierno tras las elecciones. El debate se centra, por ahora, en fijar los criterios que delimitarán dónde debe o no estar presente el Estado como accionista, antes de avanzar hacia decisiones concretas de desinversión.

Lo que Milei ya puso en marcha en Argentina

El proyecto original de Milei contemplaba privatizar más de 40 empresas públicas, pero el Congreso argentino limitó esa autorización a solo ocho compañías en la Ley de Bases, aprobada en junio de 2024.

Hasta septiembre de 2026, el programa acumulaba operaciones cerradas por 1.081 millones de dólares: la venta de la metalúrgica IMPSA por 27 millones, la adjudicación de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue por 700 millones, la venta de Citelec, controlante de la transportista eléctrica Transener, por 356 millones, y la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula el 80% del comercio exterior del país. También se adjudicaron más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales a privados, sin subsidios del Tesoro.

No todos los procesos tuvieron el mismo resultado: la licitación de Intercargo, la empresa estatal de servicios de rampa aeroportuaria, quedó desierta tras tres postergaciones. El caso más complejo es el de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la mayor distribuidora de agua del país, con el 90% en manos del Estado. La apertura de sobres, prevista para el 27 de agosto, se postergó hasta el 15 de septiembre; el esquema prevé que al menos el 51% vaya a un operador estratégico, con una recaudación estimada de 500 millones de dólares.

Las leyes argentinas también impusieron límites: Nucleoeléctrica Argentina solo puede privatizarse de forma parcial, manteniendo el Estado el control, y en Yacimientos Carboníferos Río Turbio el sector público debe conservar al menos el 51% del capital. Ambas privatizaciones, junto a la de SOFSA, no tienen fecha definida.