El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha incorporado a la causa sobre el rescate de Plus Ultra la investigación abierta contra tres responsables de la Tesorería General de la Seguridad Social por el certificado de deuda emitido para la aerolínea y el posterior aplazamiento de pagos antes de que recibiera 53 millones de euros de ayudas públicas.
El magistrado aceptó el 15 de octubre la inhibición planteada por la plaza 22 del Tribunal de Instancia de Madrid. De este modo, las diligencias previas 1724/2026 se incorporarán a las diligencias 77/2024, la causa principal que examina las ayudas concedidas a Plus Ultra desde el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
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La resolución afecta a Rodrigo Mares Rodríguez, director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social; José Luis Encinas Prado, subdirector general adjunto del organismo; y Belén Fruiters Casado, jefa de sección de la Tesorería en Madrid.
La Fiscalía apreció indicios para abrir diligencias
Las diligencias se iniciaron a partir de una denuncia presentada por Miguel Bernad Remón, secretario general de Manos Limpias, quien atribuyó inicialmente a los tres responsables posibles delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.
La plaza 22 de Madrid abrió las diligencias el 5 de junio tras recibir la denuncia y remitió el expediente a la Fiscalía Provincial de Madrid para que analizara la competencia del órgano judicial.
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En su informe, fechado el 6 de julio, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía concluyó que los hechos denunciados tenían una apariencia inicial de relevancia penal suficiente para justificar una investigación. El ministerio público pidió que Mares, Encinas y Fruiters figuraran como investigados.
La Fiscalía señaló que la denuncia no podía archivarse de forma inmediata porque identificaba un certificado de la Seguridad Social, un aplazamiento de deuda y actuaciones periciales y policiales que cuestionaban la legalidad de esas decisiones.
El informe también precisó que la investigación debía continuar en el órgano que llevaba el procedimiento principal sobre Plus Ultra, dado que buena parte de la documentación citada ya se encontraba incorporada a esa causa.
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El certificado y el aplazamiento bajo investigación
El foco de las diligencias está en un documento emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social el 20 de agosto de 2020. El certificado, firmado por Encinas y rubricado por Fruiters, recogía que Plus Ultra no tenía pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas vencidas.
La denuncia sostiene que esa fórmula no acreditaba que la aerolínea careciera de deudas vencidas pendientes de pago. También alude a un informe pericial encargado durante la primera investigación del caso, que cuestionaba el alcance del documento.
La valoración sobre la validez del certificado forma parte de la investigación y no ha sido resuelta por el juez. El auto de Calama afirma que la aceptación de la inhibición no prejuzga ni la realidad de los hechos ni su eventual calificación penal.
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La investigación también alcanza una resolución de 5 de octubre de 2020 que concedió a Plus Ultra un aplazamiento para pagar una deuda con la Seguridad Social de 451.954,79 euros. La cantidad correspondía al período comprendido entre julio de 2017 y mayo de 2020.
Según la Fiscalía, la denuncia vincula ese aplazamiento con los requisitos para recibir los fondos gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La aerolínea obtuvo 53 millones de euros de ese mecanismo de apoyo, que exigía que las compañías estuvieran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Calama reúne las actuaciones en una sola causa
El ministerio público consideró que los hechos guardaban relación directa con la investigación principal porque el certificado y el aplazamiento pudieron tener incidencia en la concesión de las ayudas.
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El auto del 15 de octubre considera que los hechos deben examinarse dentro de una única causa. Calama argumenta que la conexión con las diligencias ya abiertas sobre Plus Ultra aconseja una valoración conjunta de las pruebas y evita resoluciones potencialmente contradictorias.
La resolución ordena comunicar la aceptación de la inhibición a la plaza 22 de Madrid y solicitar la remisión de las actuaciones originales. El juez también dispone que el denunciante reciba notificación del auto.
El documento aclara, además, que Bernad presentó una denuncia y no una querella. Por ello, no queda constituido automáticamente como parte en el procedimiento ni puede recurrir las decisiones judiciales salvo que se persone con los requisitos exigidos para ejercer una acusación popular.
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