La Delegación del Gobierno en Madrid rechaza levantar la acampada de Sol por motivos de seguridad

La Delegación del Gobierno en Madrid se ha opuesto a la petición de la Comunidad de Madrid de disolver la acampada en la Puerta del Sol, al considerar que podría acarrear mayores perjuicios que beneficios para la seguridad ciudadana, según informa la agencia EFE.

Este es uno de los argumentos que esgrime en su escrito para rechazar el desalojo, solicitado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso como medida cautelar. La Comunidad de Madrid había presentado un recurso contra la Delegación del Gobierno por su presunta “inactividad” en disolver esta protesta por la vivienda, ubicada frente a la sede del Ejecutivo regional.

La Abogacía del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno, alega en su escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia que se considera que la mejor opción es no disolver porque las “medidas de compulsión física sobre las personas acampadas que pudieran ser necesarias” podrían derivar en “incidentes de fuerza con peligro físico para las personas allí presentes, así como para los edificios y el mobiliario urbano”.

La acampada, que se instaló en el kilómetro cero de la capital el pasado 26 de septiembre después de una multitudinaria manifestación por el desahucio de Maricarmen Abascal, suma más de 1.000 tiendas y evoca a la ya histórica del 15M de 2011, aunque en esta ocasión las reivindicaciones se centran en la vivienda.

“No es un problema de orden público”

Desde la cooperativa Red Jurídica explicaban hace unos días a Infobae que el desalojo de una protesta pacífica solo se puede llevar a cabo “si se acreditasen riesgos graves para la seguridad pública, el orden público o la salud pública”, puesto que las molestias derivadas de una protesta, como el ruido o los cortes de tráfico, “no bastan por sí solas para levantar una concentración”.

Red Jurídica también aclara que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a las protestas señala que “las sociedades democráticas tienen que tener un cierto grado de tolerancia ante las molestias que de por sí generan las protestas”, y ese criterio incluye las alteraciones ordinarias que puede generar una concentración en el espacio público como la acampada de Sol. “Que una concentración ocupe una plaza o una manifestación corte calles no lo convierte en un problema de orden público”, explica el abogado Eduardo Gómez, integrante de esta cooperativa.

Por el momento, el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que impulsó la acampada, ha señalado que mantiene su apoyo a la protesta y seguirá participando en ella, aunque la organización centra ahora sus esfuerzos en la huelga general convocada para el 11 de noviembre por los principales sindicatos.