Del desahucio de Maricarmen al adelanto electoral: cómo la crisis de la vivienda estalló en 12 días, aunque “no definirá sola el resultado” de los comicios

Nadie imaginaba que el pasado 23 de septiembre el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que había vivido siete décadas en la misma casa en Madrid, fuera a prender la mecha de la indignación en toda España hasta convertirse en todo un símbolo de la crisis de la vivienda. Era el cuarto intento de desalojo al que esta vecina se enfrentaba, impulsado por Urbagestión Desarrollo e Inversiones y, aunque se preveía un amplio apoyo social para tratar de frenarlo, nadie pudo prever lo que estaba por venir: manifestaciones multitudinarias, acampada en la Puerta del Sol, la derogación por parte del Congreso de dos decretos de vivienda y un adelanto electoral para el 29 de noviembre.

Lo que ha cambiado en estos últimos doce días desde el desahucio de Maricarmen, explica a Infobae la politóloga Anna López, investigadora especializada en desinformación y extrema derecha, es que la vivienda “ha dejado de ser solamente un problema social y se ha convertido en un problema político”, y eso cambia el escenario.

Fue el pasado viernes cuando el Congreso rechazó, con los votos de Junts, PP y Vox, los dos reales decretos ley con los que el Gobierno pretendía, entre otras medidas, frenar los desahucios, prorrogar los contratos y regular el alquiler de habitaciones. Tras el revés parlamentario y un intenso fin de semana de consultas, muchos dirigentes socialistas recomendaron a Sánchez convocar elecciones. “Para hacer más, necesitamos renovar el apoyo de la gente. Necesitamos una mayoría progresista más amplia”, afirmó este lunes el mandatario durante su comparecencia. Sánchez indicó que durante la legislatura les ha tocado “trabajar con un Congreso muy bronco en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer” y aseguró que han tenido que “lidiar con la peor oposición de la historia de la democracia”.

El Gobierno, no obstante, con la disolución de las Cortes tras la convocatoria electoral, tiene intención de aprobar los dos decretos de vivienda en el Consejo de Ministros de este martes. Ambos textos tienen que ser sometidos a la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que mantiene las funciones de la Cámara durante el periodo electoral y donde al Gobierno no le hace falta el apoyo de Junts.

La vivienda como “asunto electoral”

“En menos de dos semanas hemos pasado de un caso concreto, el desahucio de Maricarmen, a una movilización social y después a unas elecciones. Eso hace que la vivienda pueda funcionar como un ‘asunto’ electoral, es decir, un problema capaz de ordenar las preferencias de los votantes. Ahora bien, no significa que vaya a decidir por sí sola las elecciones”, advierte López. A su juicio, la clave estará en la capacidad de los partidos para disputar el sentido del conflicto. “Lo importante es quién aparece como responsable, quién asume el coste y, sobre todo, qué solución se propone”, añade.

La politóloga sostiene que la vivienda tiene una “enorme capacidad de transversalidad”, tanto en la concepción de que se ha convertido en el principal problema de la población en España, como en las soluciones, ya que encuestas recientes han reflejado que son muchos los votantes de derecha y ultraderecha que están a favor de políticas de limitación de los precios de la vivienda, el escudo antidesahucios, el veto a los fondos buitre o el aumento de la oferta pública. “Esto afecta a jóvenes, familias, trabajadores e inquilinos”, recuerda.

López considera que la vivienda también podría interpelar a parte del electorado desmovilizado: cerca de un millón de personas que todavía no decidió su voto o contempla la abstención. Advierte que el efecto de la crisis no dependerá solo de la intensidad de las protestas de estos días: con 55 días por delante hasta las elecciones del 29 de noviembre, la cuestión será si la vivienda conserva su presencia en la campaña y se consolida como una preocupación capaz de influir en la decisión de los votantes. Si el conflicto perdura, sostiene, podría tener efectos electorales.