Desde la rebaja de la tasa de alcohol al volante hasta reducir la velocidad máxima: las normas de la DGT que quedan en el limbo después de la convocatoria de elecciones

La disolución de las Cortes Generales por la convocatoria electoral ha dejado sin recorrido parlamentario la reforma del PSOE para rebajar la tasa de alcohol al volante, una medida promovida para endurecer la respuesta frente a la conducción bajo sus efectos.

La proposición del Grupo Socialista planteaba un límite único de 0,2 gramos por litro de sangre o 0,10 miligramos por litro de aire espirado para todos los conductores, frente a los 0,50 gramos y 0,25 miligramos vigentes con carácter general; profesionales y noveles tienen hoy límites de 0,30 gramos y 0,15 miligramos.

El Congreso avaló la toma en consideración de la iniciativa con 173 votos a favor, 168 en contra de PP, Vox y UPN, y la abstención del PNV. El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha sostenido que el trabajo previo estaba concluido y ha atribuido el bloqueo inicial a la actuación del sector del alcohol ante los grupos parlamentarios.

Las sanciones que quedaron pendientes

Navarro ha lamentado que la modificación no vaya a salir adelante a corto plazo. Durante la presentación de la campaña de Cerveceros de España Elegir SIN alcohol volante es la caña, ha afirmado: “El tema estaba atado”.

La propuesta distinguía entre infracciones graves y muy graves, con sanciones económicas que comprenderían entre 200 y 1.000 euros y la pérdida de puntos del carné de conducir.

El sistema de puntos contemplaba la detracción de dos puntos para el primer tramo de alcoholemia, cuatro para el siguiente y seis para las tasas más elevadas. Navarro ha descrito la decisión parlamentaria como una elección entre respaldar al “lobby del alcohol” o a las víctimas de tráfico, y ha afirmado que la aprobación futura de la reforma es “una cuestión solo de tiempo”.

La disolución de las Cámaras también ha frenado otra iniciativa socialista para reducir los excesos de velocidad que pasan de ser una infracción administrativa a constituir delito contra la seguridad vial. El texto rebajaba de 60 a 50 kilómetros por hora el margen en ciudad y de 80 a 70 en carretera; circular a 191 km/h en una autopista habría supuesto un delito.

La iniciativa de Sumar para vincular las multas de tráfico a la capacidad económica del infractor tampoco continuará su tramitación. La propuesta partía de las cuantías actuales, de hasta 100 euros para infracciones leves, 200 para graves y 500 para muy graves, y planteaba incrementos del 150 %, el 300 % y el 500 % para quienes superasen, respectivamente, los 70.000, 85.000 y 100.000 euros de ingresos brutos anuales.

Reformas pendientes y en vigor

Entre las cuestiones pendientes para la DGT figura la implantación del permiso de la clase B1 para mayores de 16 años. Esta autorización permitiría conducir coches pequeños y eléctricos y se preparaba mediante un real decreto de modificación del Reglamento General de Conductores, por lo que queda a expensas del próximo Gobierno.

Tampoco se ha incorporado a la norma la intención de exigir formación a los titulares del permiso B con tres años de antigüedad que quieran conducir una moto de hasta 125 centímetros cúbicos. Los conductores de coche no tienen ahora que superar ningún trámite legal para pasar a vehículos de dos ruedas.

Frente a esas reformas pendientes el Ejecutivo sí ha implantado la baliza conectada V16, obligatoria desde el 1 de enero en turismos, furgonetas, camiones y autobuses como sustituta de los triángulos de señalización.

También entró en vigor el 1 de octubre una reforma del Reglamento General de Circulación para proteger a los usuarios vulnerables. La norma obliga a llevar casco a los conductores de patinetes eléctricos, fija en 15 años la edad mínima para manejarlos y exige inscribir estos vehículos en el Registro de Vehículos Personales Ligeros de la DGT; el Reglamento de Vehículos Históricos reconoce esta condición a los automóviles fabricados o matriculados por primera vez hace al menos 30 años.

La reforma también incorpora nuevas obligaciones para ciclistas y motoristas, limita los adelantamientos a bicicletas, regula el carril de emergencia en retenciones y refuerza el uso del cinturón de seguridad.