Los ciudadanos que busquen comprar su primera vivienda podrán solicitar préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para ello, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. La línea de financiación, dotada con 10.000 millones de euros, será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y tendrá carácter intergeneracional, ya que no estará dirigida solo a los jóvenes y no exigirá ningún requisito de edad. Sánchez también ha añadido que Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda y suelo, adquirirá “miles de inmuebles” de la Seguridad Social para destinarlos a vivienda asequible, y ha defendido que se trata de medidas “de sentido común” que protegen a los sectores más vulnerables de la población.
La medida se incorpora al primero de los dos decretos de vivienda que el Gobierno ha vuelto a aprobar en Consejo de Ministros, después de que el Congreso de los Diputados los tumbara el pasado viernes con los votos de PP, Junts y Vox. Con las Cortes ya disueltas, su convalidación quedará ahora en manos de la Diputación Permanente, órgano en el que el Ejecutivo socialista sí cuenta con apoyos para sacar adelante la primera norma, pero deja en el aire el texto que lcontempla la renovación automática de los alquileres.
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Qué incluyen los decretos de vivienda
Los dos textos reúnen 21 medidas orientadas a facilitar tanto el acceso al alquiler como a la compra de vivienda. Entre ellas figura la posibilidad de que los inquilinos se desgraven parte de lo que pagan de alquiler en la declaración de la renta: en el caso de un alquiler medio de 800 euros, la deducción rondaría los 1.000 euros, según ha detallado Sánchez.
Los decretos también prevén incentivos fiscales para los pequeños propietarios que alquilen sus viviendas a precios asequibles. A eso se suman 280 millones de euros en avales para impulsar la construcción industrializada de vivienda, pensada para acortar los plazos de edificación y aumentar la oferta disponible. El paquete contempla además un fondo de impacto social de 400 millones de euros destinado a los proveedores de vivienda social.
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Entre otras medidas, los decretos prorrogan hasta dos años los contratos de alquiler de los inquilinos al corriente de pago y limitan las subidas de renta. También fijan las condiciones bajo las cuales un propietario puede recuperar su vivienda y regulan el alquiler de temporada y por habitaciones.
La votación en la Diputación Permanente y el horizonte electoral
Sánchez ha reclamado a los grupos políticos que convaliden los decretos en la Diputación Permanente, el órgano que asumirá esa función tras la disolución de las Cortes. Según el presidente, es previsible que salga adelante el texto que concentra la mayoría de las 21 medidas, mientras que el que incluye la prórroga automática de los alquileres plantea, en sus palabras, un “debate ambicioso”.
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Ante la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, Sánchez ha insistido en que el Gobierno ha avanzado en materia de vivienda pero que falta “mucho más” por hacer, para lo cual considera necesaria una mayoría distinta en el Congreso. “Si la mayoría del Parlamento da la espalda a la ciudadanía en uno de los asuntos que más preocupa, entonces la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento”, ha afirmado el mandatario, que añadió que, hasta que eso ocurra, el Ejecutivo “va a continuar gobernando”.
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