El juez del ‘caso Leire’ cita como investigado a un exviceministro chavista por falsificar los documentos para obtener la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como investigado al exviceministro venezolano Nervis Villalobos el próximo 28 de octubre por un presunto delito de falsificación documental, dentro de la investigación del denominado ‘caso Leire Díez’. El magistrado le reclama además que aporte los documentos originales que presentó para obtener la nacionalidad española al amparo de la conocida como ‘ley de nietos’, entre ellos los certificados de nacimiento y el pasaporte de su abuela de nacionalidad española.

La declaración está fijada para las 10.00 horas del 28 de octubre. Pedraz ha acordado esta diligencia a petición de la Fiscalía, que había solicitado nuevas actuaciones en la causa. El instructor ha citado también ese mismo día, como testigos, al actual subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil del Ministerio de Justicia, José Antonio Ruiz de la Hermosa Gutiérrez, y a quien ocupó ese puesto hasta marzo de 2025, María del Mar López Álvarez. Ambos deberán comparecer a las 10.30 y las 11.00 horas, respectivamente.

La decisión sitúa directamente a Villalobos ante el juez en una de las principales líneas de investigación de la causa: las circunstancias que rodearon la concesión de la nacionalidad española al antiguo alto cargo del Gobierno de Hugo Chávez y las gestiones que, según los indicios incorporados al procedimiento, se habrían realizado en torno a su expediente.

Tres expedientes y una nacionalidad concedida por la ‘ley de nietos’

Villalobos, que fue viceministro de Energía de Venezuela entre 2004 y 2006, había intentado obtener la nacionalidad española por distintas vías antes de conseguirla mediante la Ley de Memoria Democrática. Según la documentación facilitada por el Ministerio de Justicia a la UCO en junio, presentó una primera solicitud por residencia el 20 de febrero de 2017, que fue denegada el 17 de julio de 2020. Posteriormente registró otra solicitud por residencia el 25 de abril de 2024, que volvió a ser rechazada el 10 de octubre de 2025.

En paralelo, Villalobos recurrió a la vía prevista en la ‘ley de nietos’. Esa solicitud, presentada ante el Registro Civil, terminó siendo estimada el 21 de abril de 2025 y quedó inscrita el 23 de octubre de ese año. El Ministerio de Justicia defendió entonces que la concesión se había producido siguiendo los trámites previstos y después de que el expediente fuera examinado por varios funcionarios. Según la versión ofrecida por el Gobierno, el recurso fue analizado con criterios jurídicos y contó con el dictamen de una consejera, el visto bueno del jefe de servicio, la propuesta del subdirector general y la resolución de la directora general.

Precisamente esos documentos son ahora relevantes para la investigación del juez Pedraz. El magistrado no se limita a citar a Villalobos: le exige que lleve a su declaración los originales que presentó para acreditar su derecho a acogerse a esta vía de adquisición de la nacionalidad. En concreto, reclama los certificados de nacimiento y el pasaporte de su abuela española.

La UCO ya había acudido en junio al Ministerio de Justicia por orden de Pedraz para recabar el expediente completo. El magistrado pidió entonces información sobre el estado de la solicitud, la identidad de los funcionarios que habían intervenido en su tramitación y los accesos registrados en la plataforma digital utilizada para gestionar el expediente. También reclamó cualquier documentación que hubiese sido obtenida de otros organismos durante el procedimiento.

La investigación ha seguido avanzando durante los últimos meses. En septiembre trascendió que agentes de la UCO habían tomado declaración a altos cargos de Justicia en relación con la concesión de la nacionalidad. Entre ellos figuró el subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil, que fue preguntado por los distintos expedientes de Villalobos y por la resolución favorable dictada en abril de 2025.

El expediente había adquirido relevancia para la causa después de que aparecieran en las actuaciones referencias a Villalobos y a su nacionalidad en las anotaciones y comunicaciones de Leire Díez. El juez sostiene que la exmilitante socialista habría mantenido contactos con el abogado Ismael Oliver, que representaba al exviceministro venezolano, en relación con la tramitación de su nacionalidad. En las actuaciones aparecen también referencias a posibles gestiones para tratar de facilitar el expediente.

Según los indicios recogidos en la causa, Oliver habría planteado reiteradamente a Díez la cuestión de la nacionalidad de Villalobos y le habría pedido que intentara conseguir una entrevista con el entonces gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, o con alguien de su confianza. Las anotaciones de Díez incorporadas al procedimiento incluyen además referencias al nombre de Villalobos y a su nacionalidad.

El Gobierno, por su parte, ha mantenido que la concesión se produjo conforme a la normativa. En junio, tras la entrega del expediente a la UCO, Justicia explicó que las solicitudes de nacionalidad se tramitan mediante la comprobación de los requisitos legales y que la vía de Memoria Democrática había sido examinada por los funcionarios competentes.

De las gestiones por su nacionalidad a una declaración como investigado

La citación de Villalobos añade ahora una nueva dimensión a las pesquisas. Pedraz le atribuye provisionalmente un presunto delito de falsificación documental y quiere que explique ante el juzgado la documentación que presentó para acreditar su ascendencia española.

El perfil de Villalobos explica parte del interés que ha despertado su expediente. El antiguo viceministro venezolano lleva años apareciendo en investigaciones judiciales relacionadas con presuntos delitos de corrupción y blanqueo de capitales en distintos países. En España fue detenido en 2017 a raíz de una petición de Estados Unidos y también ha estado investigado por las supuestas comisiones vinculadas a contratos de la empresa Duro Felguera en Venezuela.

Su nombre aparece además ligado a investigaciones sobre el movimiento de fondos de antiguos responsables venezolanos a través de la Banca Privada d’Andorra. Investigaciones periodísticas y judiciales han situado a Villalobos entre los antiguos altos cargos venezolanos investigados por el presunto cobro de comisiones y posterior blanqueo de capitales.

En el caso Duro Felguera, la investigación española ha analizado los pagos realizados a Villalobos en relación con la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela. La causa sostiene que habría recibido importantes cantidades a través de sociedades interpuestas y la Fiscalía ha mantenido acusaciones contra él por delitos relacionados con esos hechos.